MAS promulgará cuestionada Ley de Garantías si la Presidencia del Estado veta la norma

El Movimiento Al Socialismo (MAS) promulgará la cuestionada Ley de Garantías si la Presidencia del Estado veta esa norma, afirmó este viernes el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, en medio de fuertes críticas contra el "rodillo masista" que pretende aprobar ese proyecto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El MAS tiene mayoría en el Legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley la madrugada del viernes y se prevé que el Senado respalde el documento y lo remita al Ejecutivo para su promulgación.

"Si no cumple (el Ejecutivo con la promulgación), nosotros a través del Senado lo vamos a promulgar", dijo Choque a los periodistas.

Una vez sancionado el proyecto de Ley de Garantías, el Ejecutivo tiene 10 días para su promulgación o veto, en este último caso la normativa faculta al Senado para elevar el documento a rango de ley.

"Esperamos que lo haga, porque lo único que estamos haciendo es cumplir los acuerdos que se han logrado con la Iglesia Católica y con los organismos internacionales. De ninguna manera nosotros estamos haciendo un acto de impunidad o se trate de encubrir a autoridades que hayan cometido actos contrarios a lo que dice la norma", agregó Choque, del MAS.

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, advirtió que el MAS busca proteger con esa ley a exautoridades y dirigentes que incurrieron en delitos en las violentas jornadas de protesta de octubre y noviembre.

"Es una ley que lo que busca es proteger a quienes han cometido delitos de terrorismo, de organización criminal, de sedición o delitos de lesa humanidad (...). Está ley va a generar impunidad y con carácter retroactivo, porque dicen que es a partir del 21 de octubre hasta la fecha", dijo a la red ATB.

Al respecto, el abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso consideró que esa normativa podría ir en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) antes de su promulgación.

"Existe en Bolivia lo que se llama el control previo de constitucionalidad. Cualquier tipo de normas que se pretenda emitir, puede antes de su vigencia ser enviada en consulta al TCP para ver si es compatible con la Constitución", afirmó.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, explicó que el Gobierno provisional ya atendió las demandas de organizaciones afines al MAS, a propósito de la abrogación del Decreto 4078, referido a la participación de militares en los operativos de restauración del orden público; y la indemnización para las víctimas fatales y heridos en las jornadas de protestas.

"No tiene ningún sentido poder aprobar esta ley, la Constitución Política del Estado nos da garantías a todos los ciudadanos", dijo a la red UNO.

La Ley de Garantías, también denominada Ley de Pacificación, tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.

"Todas las personas tenemos que someternos a la Justicia (...). Ya basta de utilizar rodillos, basta de utilizar los dos tercios, basta de favorecer solamente a personas", señaló Núñez.

MAS promulgará cuestionada Ley de Garantías si la Presidencia del Estado veta la norma

MAS promulgará cuestionada Ley de Garantías si la Presidencia del Estado veta la norma

El Movimiento Al Socialismo (MAS) promulgará la cuestionada Ley de Garantías si la Presidencia del Estado veta esa norma, afirmó este viernes el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, en medio de fuertes críticas contra el "rodillo masista" que pretende aprobar ese proyecto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El MAS tiene mayoría en el Legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley la madrugada del viernes y se prevé que el Senado respalde el documento y lo remita al Ejecutivo para su promulgación.

"Si no cumple (el Ejecutivo con la promulgación), nosotros a través del Senado lo vamos a promulgar", dijo Choque a los periodistas.

Una vez sancionado el proyecto de Ley de Garantías, el Ejecutivo tiene 10 días para su promulgación o veto, en este último caso la normativa faculta al Senado para elevar el documento a rango de ley.

"Esperamos que lo haga, porque lo único que estamos haciendo es cumplir los acuerdos que se han logrado con la Iglesia Católica y con los organismos internacionales. De ninguna manera nosotros estamos haciendo un acto de impunidad o se trate de encubrir a autoridades que hayan cometido actos contrarios a lo que dice la norma", agregó Choque, del MAS.

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, advirtió que el MAS busca proteger con esa ley a exautoridades y dirigentes que incurrieron en delitos en las violentas jornadas de protesta de octubre y noviembre.

"Es una ley que lo que busca es proteger a quienes han cometido delitos de terrorismo, de organización criminal, de sedición o delitos de lesa humanidad (...). Está ley va a generar impunidad y con carácter retroactivo, porque dicen que es a partir del 21 de octubre hasta la fecha", dijo a la red ATB.

Al respecto, el abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso consideró que esa normativa podría ir en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) antes de su promulgación.

"Existe en Bolivia lo que se llama el control previo de constitucionalidad. Cualquier tipo de normas que se pretenda emitir, puede antes de su vigencia ser enviada en consulta al TCP para ver si es compatible con la Constitución", afirmó.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, explicó que el Gobierno provisional ya atendió las demandas de organizaciones afines al MAS, a propósito de la abrogación del Decreto 4078, referido a la participación de militares en los operativos de restauración del orden público; y la indemnización para las víctimas fatales y heridos en las jornadas de protestas.

"No tiene ningún sentido poder aprobar esta ley, la Constitución Política del Estado nos da garantías a todos los ciudadanos", dijo a la red UNO.

La Ley de Garantías, también denominada Ley de Pacificación, tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.

"Todas las personas tenemos que someternos a la Justicia (...). Ya basta de utilizar rodillos, basta de utilizar los dos tercios, basta de favorecer solamente a personas", señaló Núñez.


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