El presidente de la Aduana Nacional, Jorge Hugo Lozada, informó este martes que se inició una auditoría especial para investigar el destino de la mercadería decomisada al contrabando en gestiones anteriores, y que pasaba, inicialmente, al Ministerio de la Presidencia para que elija los productos de los que podía disponer y cuáles iban a ir al remate.

"La investigación está en proceso para ver si es que realmente esa mercadería que se pasó al Ministerio de la Presidencia fue usada para los fines consiguientes o fue usada políticamente y con otros fines", dijo a los periodistas.

Lozada explicó que la normativa modificada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) dio privilegios al Ministerio de la Presidencia, para que ese despacho decida qué hacer con la mercadería decomisada al contrabando.

La normativa del MAS establecía -indicó- que el Ministerio de la Presidencia podía decidir el futuro de la mercadería incautada, siempre y cuando ésta fuera destinada a fines sociales o a entidades públicas que la requieran.

En ese sentido, indicó que la auditoría iniciada establecerá, en las próximas dos semanas, si realmente la mercadería decomisada fue destinada para fines sociales o a asuntos políticos.

Recordó que antes del Gobierno del MAS, en 2004, la normativa vigente solo le daba a la Aduana Nacional la potestad para disponer en subasta el futuro de la mercadería, cuyos ingresos debían ir a las arcas del Estado.

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