Bolivia registra 15.354 focos de incendios forestales entre enero y abril, un 35% más que en el mismo periodo de 2019, principalmente provocados para ampliar la frontera agrícola, informó este jueves una ONG.

"Entre enero y el 24 de abril de 2020 se han registrado 15.354 focos de calor en Bolivia", que "superan en un 35%" al mismo periodo de 2019, señaló la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), que advirtió que "amenaza con repetirse" el grave daño ambiental ocurrido el año pasado.

La ONG dijo haber utilizado información satelital de la NASA para elaborar un informe de los focos de incendio, aunque no cuantificó las hectáreas quemadas.

La entidad reportó que los incendios forestales durante 2019 destruyeron 6,4 millones de hectáreas en la región amazónica del país, de los más graves en los últimos 10 años. La emergencia motivó un gran desplazamiento de bomberos, aviones cisternas y la cooperación de varios países de América Latina y Europa.

Carlos Pinto, un responsable de la FAN, explicó que las quemas "son sobre zonas de uso agrícola; significa que lo que se está detectando corresponde a quema de cordones para la habilitación de la agricultura".

Las "condiciones de riesgo asociadas al clima y la humedad de la vegetación durante el primer trimestre del presente año son similares a las registradas en el mismo periodo del 2019, donde se registraron condiciones de déficit hídrico", según la ONG.

Empero, la FAN explicó a la AFP que "no estamos en época de sequía todavía y las condiciones climáticas son favorables para no llegar a incendios como tal".

Asimismo, la cuarentena sanitaria por el coronavirus, decretada por el gobierno en marzo, permitió "bajar considerablemente" la quema de pastizales.

Diferentes organizaciones ambientalistas afirmaron en 2019 que unos decretos del entonces presidente Evo Morales incentivaron la quema de bosques y pastizales para ampliar la frontera agrícola.

Sin embargo, el gobierno de Morales (2006-2019) atribuyó los siniestros a los vientos y al clima seco de la región. Las entidades ambientalistas habían pedido reiteradamente anular esas normas.

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