El Gobierno nacional defendió este martes los proyectos sociales y productivos financiados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), conocidos entre 2011 y 2019 como “Bolivia Cambia”, porque habrían representado 3.118 obras en educación y habrían generado más de medio millón de empleos directos e indirectos.
En conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que desde hace años dicho programa es blanco de ataques por actores políticos como Samuel Doria Medina, que publicó en 2013 un informe denominado “Ni Bolivia Cambió, ni Evo Cumplió”.
“A través de este tipo de señalamientos a este programa, vinculados fundamentalmente a determinados financiamientos externos, están orientados a afectar políticamente, no solamente el programa, sino a una gestión de gobierno, hablamos específicamente de la organización Connectas”, afirmó Prada.
Según información gubernamental, entre 2011 y 2019, el programa “Bolivia Cambia” financió la ejecución de 5.386 proyectos, con una inversión de Bs 14.521.301.602. Estos proyectos fueron presentados por los beneficiarios y la fiscalización de las mismas habría derivado en multas por incumplimiento de contrato superior a los Bs 100 millones.
Tras un repaso de la creación de la UPRE, en abril de 2007, y del Bolivia Cambia, en 2011, cuando empezó a funcionar con recursos del Tesoro General de la Nación, Prada afirmó que la mayor inversión se realizó en el área de educación con 3.118 proyectos (58% del total) y Bs 6.691 millones en inversión.
Los restantes proyectos estarían divididos en la construcción de 229 establecimientos de salud; 959 infraestructuras deportivas; 146 mercados; 7 centros de ganadería; 5 plantas procesadoras.
“Más de 1.400 empresas bolivianas fueron beneficiadas con contratos y se generó más de medio millón de empleos directos e indirectos”, insistió la ministra.
Según Prada, las publicaciones como las de Connectas intentan posesionar “mentiras” sobre la iniciativa, poniendo énfasis en los problemas que “algunas obras presentaron, pero obviado la cantidad de municipios beneficiados y la cantidad de empleos generados”.
Por último, la autoridad aseveró que si hay problema en las obras las responsabilidades están claramente definidas en los convenios, tanto de la empresa como del beneficiario o municipios.
“Si hay irregularidades se deben investigar”, concluyó.
