El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, denunció hoy lo que considera una estrategia de «viveza criolla» por parte de funcionarios de la Cancillería: una oleada masiva de certificados de embarazo y tutelas de discapacidad presentados justo después de que se anunciaran los recortes de personal.
Para la administración de Rodrigo Paz, que busca reducir el gasto diplomático para «sanear las cuentas públicas», este fenómeno representa una maniobra cínica para eludir la desvinculación en un ministerio que, según el Gobierno, estaba sobredimensionado por la gestión anterior.
Desde la capital oriental, Aramayo no ocultó su indignación ante el incremento estadístico de casos protegidos por la Ley General del Trabajo. Según el Canciller, tras el anuncio de los ajustes, la estructura administrativa se llenó de solicitudes de protección legal que impiden el despi
Además de los reportes de gestación, el ministro señaló un aumento sospechoso en la cantidad de funcionarios que se han declarado tutores de personas con discapacidad, una figura que garantiza la inamovilidad laboral absoluta. De esa forma, exfuncionarios del MAS buscan frenar la purga de personal.
A pesar de estas maniobras internas, Aramayo confirmó que el «hachazo» al servicio exterior ya es una realidad fuera de las fronteras bolivianas. El país ha pasado de una red diplomática extensa a una representación consular mínima en varios destinos estratégicos.
“Bolivia ahora mantiene solo lo estrictamente necesario. Estamos implementando una nueva política para ordenar una estructura que nos dejaron con deudas salariales y un desorden administrativo total”, sentenció el Canciller.
