En una sesión que se extendió hasta altas horas de la madrugada, la Cámara de Diputados decidió elevar la presión sobre la administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Mediante la conformación de una Comisión Especial de Investigación Multipartidaria, el Legislativo busca fiscalizar el presunto sobreprecio en contratos con transnacionales como Trafigura y la distribución de combustible contaminado que ha afectado a la población.
La comisión, integrada por 11 legisladores de diversas bancadas, tendrá un plazo de 120 días para desentrañar si las irregularidades son producto de negligencia técnica o de una estructura de corrupción sistémica.
Además, se pretende investigar la cadena de suministro desde la importación de crudo «hasta la boquilla del surtidor», y se pondrá especial énfasis en los contratos de adjudicación directa que, según denunció el vicepresidente Edmand Lara, habrían generado un daño económico de $us 12 millones.
Esta comisión, además, deberá establecer por qué fallaron los filtros de la ANH (cuya directora renunció ayer) y de YPFB Logística, permitiendo que gasolina con sedimentos de goma llegara a los motores de la ciudadanía.
