El 21F no fue simplemente un referéndum adverso para Evo Morales, sino el punto de quiebre donde el proceso impulsado por el Movimiento al Socialismo comenzó a fracturarse por la tensión entre transformación colectiva y permanencia personal en el poder; al desconocerse el resultado del 21 de febrero de 2016, se erosionó una legitimidad construida durante años de crecimiento y reducción de pobreza, pero al mismo tiempo la derecha liberal supo instrumentalizar ese descontento, convirtiendo una demanda legítima de respeto al voto en una bandera de reposicionamiento político que le permitió reagruparse bajo consignas ciudadanas, capitalizar la crisis y disputar el poder sin necesariamente ofrecer un proyecto estructural alternativo; cuando finalmente logró asumir el control del Estado, la falta de cohesión interna, la pugna entre liderazgos opositores y la disputa por espacios de poder y recursos derivaron en un manejo político y económico errático que profundizó la crisis social, debilitó la institucionalidad y sumió al país en un escenario de inestabilidad marcado por confrontación, deterioro económico y desconfianza generalizada.
Comprender lo que pasó en Bolivia el 21 de febrero de 2016 no es solo remitirse a un referéndum, sino entender un punto de quiebre en el proceso político iniciado en 2006. El llamado 21F marcó el inicio de una nueva etapa de confrontación, reconfiguración de fuerzas y profundas contradicciones dentro y fuera del Movimiento al Socialismo (MAS).
Para analizar este momento es necesario dividir el proceso social, económico y político de Bolivia en tres etapas.
Primera etapa (2006–2014): el auge del proceso de cambio
Desde la llegada de Evo Morales al poder en 2006, Bolivia vivió un periodo de profundas transformaciones estructurales. Se impulsó la nueva Constitución Política del Estado, se ejecutó la nacionalización de los hidrocarburos y el Estado recuperó un rol protagónico en la economía.
Durante estos años, varios sectores productivos crecieron de manera significativa: el agronegocio, el transporte, la logística, la banca —que alcanzó altos niveles de rentabilidad— y la minería cooperativista. La exportación de gas sostuvo gran parte del crecimiento macroeconómico, y Bolivia mostró estabilidad y reducción de pobreza.
Sin embargo, mientras lo económico avanzaba, en lo político comenzó a gestarse un estancamiento: la concentración del poder en una sola figura. Morales pasó de ser el líder sindical y símbolo indígena-popular a convertirse, para muchos críticos, en un “caudillo”. La falta de renovación interna y el debilitamiento del debate dentro del propio proceso sembraron un antecedente clave para lo que vendría después.
Segunda etapa (2015–2019): ruptura y el 21F
Entre 2015 y 2019 se evidenció un distanciamiento entre el gobierno y parte de sus bases sociales. Las alianzas con sectores empresariales y grupos de poder generaron desconfianza en movimientos que habían sido el sostén histórico del proceso.
El referéndum del 21 de febrero de 2016 —convocado para habilitar una nueva repostulación presidencial— terminó de fracturar el vínculo entre liderazgo y base social. El resultado fue adverso al oficialismo. Sin embargo, la posterior habilitación de Morales vía el Tribunal Constitucional profundizó la polarización.
En ese contexto surgió el denominado “movimiento 21F”, que agrupó a diversos sectores ciudadanos. Con el tiempo, este movimiento fue capitalizado por fuerzas opositoras tradicionales y emergentes. La crisis poselectoral de ese año desembocó en la renuncia de Morales y en un gobierno transitorio encabezado por Áñez. Para sus detractores fue un golpe de Estado; para sus defensores, una sucesión constitucional. Lo cierto es que el país vivió un periodo de alta conflictividad, denuncias de persecución política, crisis económica y una gestión marcada por la pandemia.
En aproximadamente ocho meses de gobierno, cuya gestión fue considerada por diversos sectores como desastrosa en términos económicos, se registró un alto costo social —con más de 60 fallecidos en Sacaba y Senkata, hospitales desabastecidos y numerosas víctimas de la pandemia que azotaba al mundo, en medio de denuncias de corrupción y negligencia estatal—, además de una política orientada principalmente a favorecer al sector privado, junto con señalamientos sobre el reparto de cuotas de poder. En ese periodo participaron figuras como Branko Marinkovic, Gabriel Espinoza, Willy Rojo, José Luis Parada, Arturo Murillo, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho, entre otros.
Como ejemplo, tomamos el caso en el que Camacho habría expuesto públicamente y deteriorado la imagen de su aliado Marco Pumari, luego de que este le exigiera por teléfono 200 mil dólares y el control de la Aduana como recompensa por su participación en el derrocamiento de Evo Morales. Ese episodio fue un reflejo perfecto de las prácticas de corrupción que caracterizaron a ese gobierno transitorio.
Asimismo, se sostiene que quienes capitalizaron el 21F lo hicieron para apropiarse del poder y, en apenas ocho meses, provocaron un grave deterioro económico. La pandemia del COVID-19 habría sido el contexto que facilitó sus decisiones, mientras la población permanecía confinada. Existen además cuestionamientos por presuntos actos de corrupción, como el caso de los respiradores, en medio de la crisis sanitaria.
Tercera etapa (2020 en adelante): recomposición y fractura interna
En 2020, el MAS retornó al poder con Luis Arce como candidato presidencial. Su victoria fue contundente, en parte como reacción al desgaste del gobierno transitorio y en parte por el respaldo al modelo económico que generó bienestar y redujo los márgenes de desigualdad, además de enfrentar la crisis dejada por el gobierno de Jeanine Áñez, que colapsó el Estado y la economía.
No obstante, esta nueva etapa estuvo marcada por una creciente disputa interna. Las ansias de poder de Evo Morales crecieron y comenzó a boicotear el gobierno de Luis Arce mediante bloqueos y la paralización de créditos en la Asamblea Legislativa, lo que terminó afectando la economía del país.
La fragmentación dentro del propio MAS debilitó al oficialismo y abrió nuevamente espacios para la reorganización de la oposición. Los resabios del 21F volvieron a surgir como un recordatorio para Morales de que el poder debe fluir; sin embargo, ese es un principio que el caudillo aún no parece comprender.
La confrontación dejó al descubierto tensiones acumuladas en torno al liderazgo, el control partidario, la orientación económica y la estrategia política.
La lección histórica
El 21F simboliza algo más profundo que un resultado electoral. Representa el momento en que la ambición de permanencia en el poder comenzó a erosionar la legitimidad política de un proceso que había nacido con fuerte respaldo popular. También evidencia cómo la derecha —fragmentada durante años— logró reagruparse bajo banderas ciudadanas y capitalizar el descontento.
La historia reciente de Bolivia muestra que ningún proyecto político está exento de caer en el personalismo, el sectarismo o la desconexión con sus bases. Cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo, la conciencia histórica se debilita y los procesos se fragmentan. Hoy, las disputas internas tanto en el oficialismo como en la oposición revelan que la lucha por el poder continúa. El 21F fue una advertencia: sin renovación, sin autocrítica y sin respeto a la voluntad popular, incluso los proyectos que transforman un país pueden terminar abriendo las puertas a aquello que pretendían superar.
Martín Moreira
Forma Parte de la Red Boliviana de Economía Política
