El gobernador del departamento de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, solicitó al Gobierno nacional la militarización urgente de la frontera con Brasil, concentrando el despliegue militar en las localidades de Ascención de la Frontera y Las Petas para frenar la incursión de carteles del crimen organizado.
El pedido fue realizado tras sostener una reunión de emergencia con el mando militar, la Policía Boliviana, secretarios departamentales y asambleístas de la provincia Ángel Sandoval, marco en el que Velasco demandó la promulgación de un Decreto Supremo que regule la actuación de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa gubernamental surge como respuesta a la violenta escalada delictiva que se cobró la vida de nueve personas en la última semana, incluido el crimen de un oficial de policía cuyo cuerpo fue hallado calcinado cerca de una pista clandestina.
La tensión en la región oriental se agudizó tras una seguidilla de crímenes violentos reportados el pasado fin de semana. Entre los hechos más graves destaca el hallazgo del cuerpo del subteniente Yerson Salazar Aliendres (27), encontrado semienterrado y quemado en las proximidades de una pista de aterrizaje no autorizada sobre la ruta Ascención de la Frontera – Las Petas. A este caso se sumaron los acribillamientos del veterinario Luis Daner P.S. en San Ignacio de Velasco y el ataque a balazos contra un ciudadano de nacionalidad brasileña al interior de un centro nocturno en la capital cruceña, situaciones que evidencian la presencia de facciones delictivas transnacionales.
Ante esta coyuntura, la Gobernación anunció la pronta convocatoria al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana para consolidar el Plan Departamental de Seguridad e implementar el Centro Departamental de Comando, Control e Inteligencia Preventiva. Esta plataforma integrará tecnología de drones, monitoreo de mapas del delito y botones de pánico articulados con las fiscalías y alcaldías.
Asimismo, Velasco vinculó la sostenibilidad financiera de estos proyectos con su propuesta de redistribución de recursos bajo el modelo «50/50», argumentando que la descentralización fiscal permitirá dotar de mejor equipamiento a las fuerzas de orden y proteger las fronteras nacionales.
