Este viernes, el viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, confirmó que el Órgano Ejecutivo proyecta eliminar la subvención estatal a los carburantes hasta finales de la presente gestión.
Ante los medios de comunicación, la autoridad explicó que el actual esquema del subsidio ha resultado ser una medida económica «regresiva» que beneficia desproporcionadamente a los estratos de mayor ingreso y al contrabando, por lo que el Estado migrará hacia un sistema de asistencia focalizada mediante transferencias monetarias directas dirigidas exclusivamente a los hogares en situación de vulnerabilidad.
Navarro detalló que la estrategia gubernamental implica pasar de subsidiar la «oferta», fijando artificialmente el precio en surtidor, a subsidiar la «demanda»
. Bajo este nuevo mecanismo, los costos de la gasolina y el diésel se nivelarán de forma paulatina con los precios del mercado internacional, mientras que las familias de menores recursos recibirán bonos compensatorios para absorber el impacto en los productos de la canasta familiar.
La autoridad aclaró, sin embargo, que se mantendrán vigentes los subsidios a las tarifas de los servicios básicos y la garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso doméstico.
La reestructuración del gasto público contempla además el anuncio de un incremento salarial para la gestión 2027, con el fin de consolidar la capacidad de compra de la población asalariada. Esta política de focalización coincide con la creación del nuevo Registro Social de Hogares, financiado a través del crédito de $us 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobado por el Senado, el cual servirá de base de datos para identificar y padronizar de manera precisa a los beneficiarios de los bonos y evitar transferencias a sectores no vulnerables.
