El presidente de YPFB, Yussef Akly, compareció ante los medios para desmentir categóricamente las acusaciones de corrupción que pesan sobre su gestión. En un tono inusualmente enérgico, Akly aseguró que la denuncia penal presentada por legisladores de oposición carece de sustento fáctico, calificándola como un intento de «generar confusión» basado en datos erróneos de redes sociales.
La respuesta de Akly surge menos de 24 horas después de que los diputados Claudia Herbas y Rolando Pacheco (Alianza Popular) formalizaran una demanda por contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La defensa de Akly se centra en un tecnicismo administrativo que, de ser cierto, desmoronaría la base de la denuncia de sobreprecio presentada por el exdiputado Monasterio y la red DTV.
Según el titular de la estatal: YPFB no habría suscrito ningún contrato de provisión de crudo con las tarifas cuestionadas. Además, sostiene que los denunciantes están comparando contratos vigentes de 2024 con simples ofertas de suministro recibidas en 2026, las cuales no habrían sido adjudicadas ni protocolizadas, por lo tanto, lamentó que la justicia actúe con celeridad basándose en «denuncias infundadas» antes de verificar la existencia real de los documentos contractuales.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en todas las instancias legales”, sentenció Akly, advirtiendo que la estatal pasará a la ofensiva jurídica. Sin embargo, el daño a la imagen de la gestión de Rodrigo Paz ya es tangible. El hecho de que un Comité de Selección recomendara aprobar un informe de suministro con precios elevados, como revelaron los documentos filtrados por DTV, sugiere que, aunque el contrato no se haya firmado, las tarifas más altas sí estuvieron sobre la mesa de negociación.
