La Fiscalía del departamento del Beni ha presentado una imputación formal contra el alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara Arratia, y Juan Mario P. V., por su presunta participación en el caso conocido como «falso aluvión».
El caso se centra en la supuesta simulación de una emergencia para justificar un contrato de más de 23 millones de bolivianos con la empresa Logitrack Service. La Fiscalía argumenta que esta acción violó los procedimientos legales para beneficiar directamente a dicha empresa. Los delitos por los que se les imputa son uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes.
Un informe jurídico incluido en la imputación detalla que la actuación de los implicados fue «contraria al Decreto Supremo 181», lo que habría sido indispensable para la consumación del delito.
Debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de fuga, la Fiscalía ha solicitado la detención preventiva de los imputados en la prisión de Mocoví. El Ministerio Público fundamenta su petición en los principios de necesidad y proporcionalidad, buscando asegurar el avance de la investigación.
