La Alcaldía de La Paz informó este jueves que el inmueble donde funciona la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) tiene una deuda impositiva de más de 719 mil bolivianos, desde hace once años. Por lo que anunció que se realizará el embargo del predio en aplicación de normas nacionales, además de nombrar un custodio de esta propiedad hasta que se regularice el pago y el derecho propietario del mismo.
La directora Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra y a la secretaria municipal de Educación y Desarrollo Social, Amparo Morales explicaron la situación legal en que se encuentra el inmueble: el registro propietario está a nombre del Fondo de Pensiones de la Banca Privada, a pesar que el año 2002 fuera cedido en calidad de comodato a la APDHB a través de una ley promulgada por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Ahora figura como propietario el Fondo de Pensiones, pero debería regularizarse porque hay una ley que le otorga la cesión en comodato. La solución es ni para ti ni para mí (en referencia a las partes en disputa); debemos ser custodios, no deberíamos usarlo para otro fin porque hay una ley (que la protege)”, dijo el alcalde Arias, en su programa radial, a tiempo de señalar que conforme la evaluación realizada por la comuna, corresponde embargar el inmueble hasta que pague su deuda impositiva y regularice el derecho propietario.
En octubre del año pasado el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz habría emitido una resolución que fue publicada en un matutino de circulación nacional donde se hace constar que la deuda asciende a 402.216 bolivianos. “Sin embargo, la multa por omisión de pago representa el 80% del impuesto determinado que es 217.268 bolivianos. En consecuencia, la deuda asciende a los 719.484 bolivianos”, detalló Lastra.
Dado que la disputa entre Amparo Carvajal y Edgar Salazar sobre la reivindicación del uso del inmueble para la APDHB se mantiene, y pese a que Carvajal obtuvo un poder judicial para hacer valer sus derechos como legítima presidenta, situación que no se cumple, Morales explicó, por su parte, que le corresponde a la comuna embargar el inmueble y nombrar un custodio del mismo hasta que se regularice la deuda impositiva y el derecho propietario.
“Es del Estado (el inmueble) mientras no se haya regularizado el derecho propietario que debe tener la Asamblea y además la Alcaldía está siendo afectada por la falta de pago (de impuestos)”, dijo la funcionaria municipal. Y reiteró que el “inmueble deber ser embargado porque no hay garantía de pago”.
En tanto, Lastra explicó que “se tiene que cumplir el pago de la deuda, regularizar el derecho propietario, mientras tanto, conforme determina el artículo 411 del Código de Procesamiento Civil hay que determinar un custodio que somos nosotros (en referencia a la Alcaldía de La Paz)”.
