La expresidenta Jeanine Áñez fue ingresada este lunes al Centro de Orientación Femenina (COF) de la zona de Obrajes en el marco del proceso que se le sigue en el caso denominado “golpe de Estado”, mientras el Ministerio de Justicia presentó en su contra cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades ante la Fiscalía General del Estado.
Acusada por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, la expresidenta deberá permanecer cuatro meses en prisión, al igual que sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.
Áñez fue trasladada en una vagoneta guinda que fue escoltada por una camioneta policial y una ambulancia desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde pasó la noche, tras la audiencia cautelar virtual en la que la jueza de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, Regina Santa Cruz, determinó su encarcelamiento.
A las 10.59, cruzó la puerta del centro penitenciario vestida con una chamarra verde, unos jeans y unas zapatillas deportivas blancas, en medio de un fuerte resguardo policial y el seguimiento de la prensa.
Mientras ello ocurría, el Ministerio de Justicia presentó cuatro demandas de juicio de responsabilidades contra Áñez: por el préstamo de $us 346,7 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), por la prórroga de concesión de Fundaempresa, por la presunta vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y por las restricciones aprobadas durante su gobierno durante la pandemia y por vulneraciones a la libertad de expresión.
La primera proposición acusatoria se refiere al caso del préstamo de un crédito del organismo internacional, que el gobierno de Luis Arce decidió devolver, lo que costó $us 24.3 millones debido a la variación cambiaria, comisiones e intereses.
El segundo caso está vinculado a la autorización de prórroga de concesión del registro de sociedades comerciales de Fundaempresa.
Este caso, según informó la estatal ABI, el Decreto Supremo N° 26335 de 29 de septiembre de 2001 otorgó en concesión el Servicio Registro Público de Comercio al “Consorcio para el registro mercantil”, persona jurídica nacional de derecho privado sin fines de lucro, constituida por la Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de la Industria y Comercio de Santa Cruz y Cámara de Constructores de Santa Cruz, por un plazo de 20 años, es decir desde el 20 de septiembre de 2001 hasta el 20 de septiembre de 2021.
Sin embargo, pese a haberse dado inicio a las gestiones para convocar a licitación pública del Servicio de Registro de Comercio, el gobierno de Áñez emitió mediante Decreto Supremo N° 4356 de 29 de septiembre de 2020 la aplicación de la concesión del Registro de Comercio por 15 años adicionales, hasta el 29 de septiembre de 2036.
El tercer caso para la solicitud de juicio de responsabilidades está vinculado a bolivianos residentes en Chile que denuncian la vulneración de sus derechos humanos el 2020 debido al cierre de fronteras que les impidió ingresar al país durante la emergencia sanitaria.
Finalmente, el último es por vulneración de la libertad de expresión cuando se definió la cuarentena obligatoria.
