La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha anunciado la suspensión de 6.398 tarjetas B-SISA, tras detectar documentación irregular y volúmenes de carga de combustible que no se ajustan a la realidad. La medida busca frenar la corrupción y el desvío de combustible subvencionado.
La directora de la ANH, Margot Ayala, destacó que esta acción es el resultado de una primera revisión basada en criterios lógicos, y reveló que la cancelación de estas tarjetas implica un ahorro de 4,5 millones de litros mensuales de combustible, lo que se traduce en un ahorro económico de Bs 50 millones mensuales para el Estado.
Ayala detalló las irregularidades encontradas:
Documentación Falsa: Se detectaron casos de tarjetas tramitadas con carnets de identidad “inexistentes” que carecen de numeración general.
Volúmenes Injustificados: Se identificaron incrementos “exponenciales” en el carguío de combustible, con alzas de consumo de hasta 500% sin justificación.
La funcionaria criticó la falta de control en la última década, señalando que “durante los últimos diez años nadie se ha dedicado a hacer este control a través de denuncias y de análisis de los datos que teníamos.” Además, informó que, desde 2015, se distribuyeron más de 29 mil tarjetas B-SISA para consumo agropecuario de forma indiscriminada.
Ayala también hizo un llamado a la conciencia de los beneficiarios que tienen autorizaciones de consumo superiores a su necesidad real, lo que facilita la adquisición de grandes volúmenes (por ejemplo, 1.200 litros en lugar de 200) para la reventa.
La ANH aclaró que las personas que se consideren perjudicadas por la suspensión pueden seguir los conductos regulares y demostrar el incremento real de su consumo para rehabilitar el servicio.
