El Ministerio de Justicia, mediante una Acción Constitucional de Libertad, logró que se anule la sentencia 6 años de prisión, dictada contra un adolescente de 17 años autor confeso de violación e infanticidio de una bebé de 1 año y 3 meses en Santa Cruz.
Este caso pasó también a revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en búsqueda de una condena mayor.
“Se ha anulado la sentencia (de seis años) y el próximo paso que se va a realizar es la nueva valoración de todos estos elementos jurídicos que se han presentado a través del Ministerio de Justicia para una nueva sentencia”, informó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huancani.
El hecho ocurrió el 3 de marzo en el Plan Tres Mil, de Santa Cruz. La progenitora Gina O. Z., de 24 años, llevó a su pequeña sin vida a un centro médico alegando que, por accidente, aplastó a su hija cuando le daba de lactar.
Sin embargo, la autopsia develó que fue agredida sexualmente y que murió producto de múltiples golpes que le provocaron fracturas en el cráneo y el tórax.
El padrastro, de 17 años, Osman J. D. O., fue capturado y sentenciado a seis años por el horrendo crimen. En tanto, la mujer tiene detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
Este crimen consternó a la población que pasó de la indignación a la acción y movilización, por lo que el Ministerio de Justicia se pronunció para fundamentar que los derechos de la bebé deben priorizarse para que el infanticida y violador reciba una condena máxima.
“No podemos seguir permitiendo este tipo de crímenes atroces contra la niñez. Una niña de 1 año y 3 meses, no podía hablar, ni siquiera gritar y el padrastro de 17 años que, sin piedad, la viola y posteriormente la mata (…). Si bien el Código Niño, Niña y Adolescente dice ‘a los 16 años la pena máxima es de 6 años’, por encima de nuestras normativas se encuentran los estándares internacionales”, manifestó Huancani.
Y señaló que, en este caso, la juez debería haber valorado estos estándares internacionales que exige a los Estados aplicar la normativa en favor de la niñez, es decir, de la niña que no podía hablar y que estaba en un alto grado de indefensión.
“La juez debe valorar estos estándares internacionales, siempre velando la protección de la niña que ha sido expuesta a mayor vulnerabilidad. Estamos exigiendo, a través de estos fundamentos jurídicos, que se pueda dar una pena de acuerdo a la gravedad de los hechos. El Tribunal Constitucional también lo revisará”, concluyó.
