Durante los actos oficiales por el Bicentenario de Bolivia, el presidente Luis Arce pronunció un discurso centrado en la defensa del modelo económico impulsado desde el 2006, que vinculó al proceso de cambio y la industrialización como claves para alcanzar la soberanía nacional.
Desde la Casa de la Libertad, Arce llamó a la unidad nacional y destacó el papel de la industrialización —incluidas plantas de biodiesel y proyectos vinculados a litio y zinc— como caminos hacia la independencia económica.
Agregó que se enfrentan “dificultades”, aunque reafirmó el compromiso con la política de sustitución de importaciones y el control estatal de recursos estratégicos.
Varios analistas consideraron que el discurso adoleció de falta de novedad y que estaba repetido. Según Armando Ortuño, se perdió la oportunidad de plantear una reflexión sobre el futuro y fue una reafirmación ideológica sin autocrítica ni propuestas concretas.
Críticas desde el sector empresarial también emergieron. Jean Pierre Antelo, presidente de CAINCO, preguntó al mandatario si realmente es viable industrializar cuando la inflación casi alcanza el 10 % anual, persiste el desabastecimiento de combustibles, y la ciudadanía sufre restricciones de acceso al dólar.
En medio de la creciente crisis económica —marcada por caída de reservas internacionales por debajo de $1 000 millones, déficit fiscal creciente y escasez de divisas— la oposición señala que la industrialización no ha logrado diversificar la matriz productiva ni generar confianza.
Por otro lado, la fractura interna del MAS, con Evo Morales criticando la continuidad de la línea de Arce y cuestionando la legalidad de su candidatura, añade tensión política a pocos meses del cambio de gobierno.
Entre los temas omitidos del discurso figuran las tensiones institucionales: Arce no mencionó la crisis judicial, la prórroga de magistrados, ni las denuncias de presiones políticas dentro del sistema judicial. Tampoco citó directamente las movilizaciones promovidas por Morales, ni los conflictos provocados por la escasez de combustibles, la informalidad laboral o el costo de los subsidios estatales, que superan los 12 000 millones de dólares acumulativos desde 2006.
(06/08/2025)
