Al filo de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retome el poder de la mano de Luis Arce, dos exministros de la gestión del expresidente Evo Morales dejaron su asilo en la residencia de la Embajada de México, mientras que dos ministros de la gestión de Jeanine Áñez fueron arraigados.
Los exministros de Justicia y de Defensa, Héctor Arce Zaconeta y Javier Zavaleta, se retiraron de la residencia diplomática en la zona sur de La Paz, donde permanecieron desde fines de 2019, luego de que la justicia emitió fallos a su favor suspendiendo las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra por los procesos que se les sigue por fraude electoral y terrorismo, respectivamente.
«He tomado la decisión de dejar la residencia (de la embajada de México) y empezaré mi defensa en libertad y desde mi hogar», anunció Zavaleta.
«Es algo indescriptible, no solamente por el contacto que tienes con otras personas, por el hecho de andar en la calle (…) sino fundamentalmente por poder ver a tu familia en libertad. Esto ha permitido más tranquilidad», afirmó en declaraciones al programa No Mentiras, de la red PAT.
Arce Zaconeta, en su cuenta en Facebook, anunció: «El día martes 3 de noviembre de 2020, después de 360 días de haber estado como asilado diplomático en la Residencia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en La Paz, agradeciendo profundamente al Gobierno y al pueblo de Mexico, retiré mi solicitud de asilo y me reencontré con mi familia, recobrando la paz y la tranquilidad que nos arrebataron injustamente».
Mientras, este jueves, y de manera sorpresiva, la Fiscalía libró órdenes de arraigo para impedir la salida del país de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, en el marco del proceso referido a la compra con presunta irregularidad de material antidisturbios, entre ellos gases lacrimógenos.
El armamento no letal fue adquirido en el marco de la convulsión social de noviembre de 2019 que derivó de la renuncia de Evo Morales tras el conflicto poselectoral.
Según la Fiscalía, la compra tuvo sobreprecio en comparación con un material similar adquirido por el Gobierno de Venezuela. Los señalados han reivindicado en reiteradas ocasiones que no hay ninguna irregularidad.
“Bolivia pagó Bs 14.800.000 más que Venezuela en la compra de estos agentes químicos a la misma empresa brasileña”, reseña.
Por este motivo, López y Murillo son sindicados por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas por particulares, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
