De acuerdo con un informe de Régimen Penitenciario, hasta diciembre de 2022 se tenía a 860 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres, recluidos por incumplimiento en el pago de asistencia familiar, informó este martes la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.
“Se ha solicitado a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario que pueda señalar cuántas personas privadas de libertad se encuentran recluidas como consecuencia del incumplimiento de la asistencia familiar. Régimen Penitenciario nos ha informado que hasta diciembre de 2022 se habría identificado a un total 860 personas”, explicó.
El 98% de los recluidos son varones que no cumplieron con el pago de la asistencia familiar. Asimismo, el 70,82% de los reclusos estaban entre cero a cinco meses en las cárceles; en tanto, el 29,18% permanecen en reclusión entre seis a 12 meses.
En ese sentido, Cruz cuestionó que, pese a existir resoluciones judiciales de determinación de asistencia familiar, las personas obligadas aun no cumplan con la determinación en evidente perjuicio de los beneficiarios.
Además, en muchas ocasiones, la demanda del pago de asistencia genera instancias de violencia (económica, física o emocional) contra los que exigen el pago, en su mayoría las mujeres, que son agredidas y hasta víctimas de feminicidio, agregó Cruz.
Ante esta situación, el Gobierno nacional habría remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley que modifica el procedimiento de liquidación y crea el Registro Nacional de Asistencia Familiar (RENAF). Con el que se busca mejorar los mecanismos establecidos para garantizar el derecho a la asistencia familiar, frente a los casos de impago que se registran en diversos lugares del país.
El registro contendrá información de todos los obligados por resolución judicial al pago de asistencia familiar, el monto y un número de cuenta donde se efectivizará el depósito, para contar con una base de datos para el seguimiento al cumplimiento de dicha obligación.
