El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el fiscal general del Estado del Reino de España, Álvaro García, suscribieron -en las últimas horas- un Memorándum de Entendimiento para cooperar en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
“El Ministerio Público de Bolivia reconoce la importancia del fortalecimiento y desarrollo de la cooperación entre ambas fiscalías para efectivizar la lucha contra la delincuencia que traspasa fronteras, siempre en el marco de la defensa de los derechos humanos fundamentales y las garantías procesales”, informó Lanchipa, según un reporte institucional.
Con este acuerdo bilateral ambos países realizarán una coordinación en el trabajo investigativo en los casos delictivos. Asimismo, se realizará un intercambio de buenas prácticas entre ambas Fiscalías, como el apoyo a programas de formación y capacitación del personal especializado.
Según lo acordado, la cooperación se realizará en atención oportuna de la asistencia penal internacional; impulso de la investigación contra el crimen organizado y transnacional, especialmente la trata de personas en todas sus formas de explotación.
Además de tráfico ilegal de migrantes, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, delitos informáticos y otros delitos que representen una grave amenaza para la sociedad.
Ambas instituciones definirán sus políticas de cooperación jurídica en las modalidades de intercambio de información sobre el avance de procesos penales iniciados, cambio de opiniones sobre el desarrollo de la criminalidad organizada, protección de los derechos humanos, libertades fundamentales y garantías procesales.
Respecto a la experiencia internacional, se acordó absolver consultas jurídicas generales en relación con las fases de preparación, desarrollo y ejecución de solicitudes de asistencia penal internacional; promover el desarrollo de actividades dirigidas a facilitar la formación y el desarrollo de las capacidades de los fiscales de ambas instituciones.
También, dinamizar y promover el desarrollo de los sistemas de protección a víctimas y testigos, de modo que permita armonizar las acciones de protección que se brinda desde el ámbito legal a esta población, asimismo el intercambio de experiencias y capacitación en ese ámbito.
