El cabildo de Santa Cruz determinó este domingo continuar con el paro cívico en esa urbe y pidieron que el Decreto Supremo 4824 sea elevado a rango de ley del Estado la fecha del 23 de marzo de 2024 que establece el Censo de Población y Vivienda para.
“Hemos conseguido que el Censo sea en marzo de 2024 y que la distribución de recursos arranque en septiembre del mismo año. Tenemos que ir por más, porque el decreto mezquino aprobado ayer omite lo imprescindible y con ello relega su aplicación electoral. Son 23 días de sacrificio que ya dieron resultados”, declaro Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico a través de un video difundido.
Estas fueron las preguntas que realizó el líder cívico:
1. ¿Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que, de manera inmediata, gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones 2025?
2. ¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional, que en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano?
3. ¿Están todos de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que, en el marco de la unidad nacional, se unan en la lucha por la aplicación de los datos del censo antes del 2025?
4. ¿Están todos de acuerdo que, si en el plazo de 72 horas, los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz?
5. ¿Están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que, dentro de estas 72 horas, sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio a su derecho a la protesta y se garantice el fin de la represión policial contra el pueblo y sus dirigentes?».
A lo que los miles de ciudadanos, que se concentraron desde la tarde en los pies de Cristo Redentor, respondieron «Sí».
Durante la jornada se conoció que la Fiscalía de La Paz aceptó demanda contra el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho y el líder cívico Rómulo Calvo que fueron denunciados por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto por la presunta comisión de ocho delitos.
