La Defensoría del Pueblo informó que de acuerdo con un cruce de datos con la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) se llegó a evidenciar que la violencia y el acoso político se incrementaron en un 8%, entre los años 2022 y 2023.
“Con Acobol unificamos algunos datos y tenemos que, desde la gestión 2018 a junio 2023 se registraron 600 casos de acoso y violencia política”, informó el Defensor, Pedro Callisaya.
Actualmente existirían 500 denuncias de acoso y violencia política en el Ministerio Público, pero solo tres, de estos casos, tienen sentencia.
“Los efectos y resultados de la aplicación de la Constitución y la normativa, probablemente, aún son débiles”, manifestó.
Ante esta situación, remarcó que se debe evaluar la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Entre los avances sobre la problemática, la Defensoría del Pueblo publicó el informe defensorial “Obligadas a renunciar”, que evidencia el uso de recursos como los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida (CFGC) como nueva modalidad de acoso y violencia política.
Además, visibiliza cómo las mujeres autoridades son privadas de sus salarios, o son víctimas del uso de poderes notariales para hacer que renuncien a sus cargos.
Acobol y al Defensoría suscribieron 152 convenios con los gobiernos municipales para fortalecer la capacidad de atención de casos; para prevenir el acoso y violencia política en los municipios.
También se impartieron talleres en 106 municipios para promover la protección a las víctimas; y en 84 gobiernos municipales, se gestionó la implementación y fortalecimiento de equipos de grabación de audio y video.
Además, se impulsó la elaboración y puesta en vigencia de reglamentos y comisiones de ética en 172 gobiernos municipales.
“Todos estos resultados se constituyen la base para que las instituciones y autoridades del Estado aporten al trabajo conjunto para evitar que repliquen más casos de acoso y violencia política contra mujeres autoridades electas”, señaló la institución defensorial.
