El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca convocó a los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, legisladores de las comisiones de Constitución y jefes de bancada de las tres fuerzas políticas para conciliar un proyecto de ley que allane las elecciones judiciales.
«La citada reunión se desarrollará a horas 15:00 del día lunes 29 de enero de 2024, en el salón de videoconferencia, ubicado en el edificio de la Vicepresidencia del Estado», dice la misiva emitida por la Vicepresidencia, y que fue revelada en redes sociales.
Horas antes, el jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, había adelantado que el encuentro entre asambleístas estará centrado en definir el camino para la aprobación de la convocatoria y el reglamento del proceso de preselección de candidatos con miras a las elecciones judiciales.
Y había señalado que, si el Senado no ajusta el proyecto de ley 144, se optará por tratar el proyecto de ley 264 que Regula la Preselección de Candidatas y Candidatos para autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional que él presentó.
“He escuchado que dicen ya aprueben la ley, yo quiero decirles que por más que se apruebe la ley las elecciones no van a ser ni mañana ni pasado, hay tiempos, la norma habla de 80 días para que se haga la preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego viene la administración de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral dijo que necesita 120 días para llevar adelante una adecuada administración de las elecciones, entonces, tampoco es que mañana sale la ley y todo se resolvió, hay un proceso que seguir”, agregó Mercado, en alusión al bloqueo evista que exige elecciones judiciales.
Por último, el diputado del MAS sostuvo que: “los que están bloqueando, los que están perjudicando al país, no lo están haciendo porque quieren la ley o las elecciones. Los que están bloqueando y son culpables de una muerte (en La Paz) que ya sucedió lamentablemente, solo están buscando un Tribunal Constitucional servil a ellos, que lo habilite al señor Morales por quinta oportunidad como lo hizo un Tribunal Constitucional servil el año 2017, que lo habilitó ilegalmente e inconstitucionalmente (al declarar la reelección como un derecho humano)”.
