El Comité pro Santa Cruz, encabezado por su vicepresidente Dino Franco, instaló hoy una vigilia permanente frente a las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La demanda es radical: los cívicos exigen que el Estado retire la personería jurídica a la «familia de los Interculturales», a quienes identifican como el brazo operativo de una red de toma ilegal de tierras y agresiones violentas.
El detonante de esta nueva movilización ha sido la brutal agresión sufrida por el cacique chiquitano Ricardo Peña Rojas (76 años) en San José de Chiquitos, un hecho que la dirigencia cruceña atribuye a grupos de choque que actuarían bajo el amparo de «mafias masistas» incrustadas en el aparato estatal.
La toma pacífica de las puertas del INRA no busca únicamente el desalojo de predios específicos, sino una transformación estructural en la administración de tierras. Dino Franco fue tajante al señalar que el sector intercultural es el «principal responsable de todos los atropellos» en las provincias cruceñas.
En ese sentido, solicitan una auditoría forense a todos los procesos de dotación de tierras realizados en la última década. Además, exigen la disolución legal de las organizaciones interculturales involucradas en avasallamientos, argumentando que han desvirtuado su fin social para convertirse en grupos de toma por la fuerza.
Asimismo, los cívicos han otorgado 48 horas al gobierno de Rodrigo Paz para ofrecer una respuesta concreta. De lo contrario, advierten con «medidas más drásticas» que podrían incluir bloqueos departamentales.
Aunque la dirigencia cívica expresó mantener «esperanzas» en la administración actual para sanear el INRA, también denunciaron que la institución sigue operando bajo lógicas del gobierno anterior.
“Los cruceños queremos trabajar y aportar al país, pero no podemos hacerlo mientras suframos agresiones cobardes y avasallamientos constantes”, sentenció Franco desde el campamento instalado en la capital oriental.
La vigilia en el INRA ocurre en una semana de alta saturación política para el Ejecutivo, que ya enfrenta la amenaza de la COB por la ley antibloqueo y el desafío judicial por el decreto de gobierno electrónico. En Santa Cruz, el sentimiento de abandono estatal en las zonas productivas está alimentando un discurso de autodefensa que la vigilia en el INRA intenta canalizar por la vía institucional, antes de que el conflicto se desplace, una vez más, hacia los enfrentamientos directos en el campo.
