El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM- Bolivia) condenó este martes la intromisión de grupos “fundamentalistas y de la iglesia católica” por influir en la madre y la niña de 11 años que está embarazada producto de una violación. Calificó de tortura el hecho de obligar a que la menor de edad continúe con el proceso de gestación.
“Condenamos la intromisión de grupos fundamentalistas y de la iglesia católica, quienes han ingresado de manera ‘clandestina’ al Hospital Percy Boland de Santa Cruz de la Sierra para amedrentar y amenazar a la madre y obligar a la niña de 11 años a firmar el desistimiento para realizarse la interrupción legal de su embarazo producto del delito de violación cometido por su abuelastro. Estos hechos forzados constituyen Tortura, no se puede obligar a una niña de 11 años a continuar con un embarazo que pone en riesgo su salud y su vida (sic)”, se lee en un comunicado que difundió la Coordinadora en su cuenta de Twitter.
Recordó que en el Artículo 266 del Código Penal y la Sentencia Constitucional 206/2014 se establece que el aborto es impune cuando el embarazo es producto del delito de violación. El procedimiento técnico de dicha sentencia obliga al sistema de salud a garantizar en 24 horas la interrupción legal de un embarazo no deseado.
El comité reprochó que algunos medios de comunicación y servidores públicos del centro de salud en Yapacaní hayan alertado a estos grupos fundamentalistas, vulnerando el derecho a la privacidad de la víctima.
“Exigimos a las autoridades del Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Justicia, Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo antepongan sus oficios para sancionar a los integrantes de estos grupos conservadores por vulnerar la normativa nacional en desmedro del derecho superior de la niña para acceder a una interrupción legal de su embarazo”, señala el pronunciamiento.
Sostuvo que Bolivia se constituye en un Estado laico, por lo que las iglesias no pueden interferir en el cumplimiento de la normativa vigente que debe proteger los derechos de las niñas y, en este caso, debe garantizar el acceso a un aborto seguro y gratuito.
Exigió la persecución penal del agresor sexual para sancionarlo con 25 años de prisión. La menor de 11 años de edad sufrió en reiteradas oportunidades abusos sexuales por su abuelastro en Yapacaní, Santa Cruz.
