La Central Obrera Boliviana (COB) ha emitido una contundente resolución tras un ampliado, advirtiendo al Gobierno del presidente Rodrigo Paz que debe rectificar su rumbo político y económico. Además, manifestó su rechazo absoluto a cualquier intento de implementar “ajustes neoliberales”, incluyendo la eliminación de la subvención a los hidrocarburos y la flexibilización laboral.
La COB acusó al Ejecutivo de incumplir promesas electorales y de gobernar en función de “élites e intereses ajenos a la patria”.
“Exigimos la inmediata rectificación del rumbo político y económico, recordando que el poder emana del pueblo y pertenece a los trabajadores, no a las élites ni a los intereses ajenos a la patria”, señala la resolución.
De igual forma, la COB rechazó “cualquier intento de eliminar o reducir la subvención a los hidrocarburos” sin un análisis previo, argumentando que tal medida “castigaría a los trabajadores y a las familias vulnerables y a la economía popular”.
Además, el ente de los «trabajadores» condenó las declaraciones del Ministro de Trabajo sobre la supuesta «caducidad» de la Ley General del Trabajo y advirtió que no permitirá “retrocesos ni intentos de flexibilización laboral encubiertos”. Y de igual forma, la resolución rechaza un presunto proyecto de decreto que sacaría a los trabajadores de empresas estatales como ENDE y YPFB del ‘paraguas’ de la Ley General del Trabajo para convertirlos en funcionarios públicos.
Por otro lado, y en un tono crítico, la COB calificó de “vergonzosa” la pugna constante entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara, señalando que estas “disputas personales” se alejan de los intereses del pueblo.
“Estas disputas personales, alejadas a los intereses del pueblo, profundizan la ingobernabilidad y exponen la crisis moral de la conducción política mientras el pueblo boliviano enfrenta día a día los problemas reales del país”, indicó la resolución.
Finalmente, la COB rechazó el proyecto de ley de «criminalización» de la protesta social y denunció una “intención de intimidar”, mediante la persecución política, a los dirigentes sindicales.
