La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados inició ayer jueves el análisis del proyecto de ley aprobado por el Senado en julio para realizar la selección y designación de un Fiscal General del Estado en un plazo de al menos 57 días.
En la sesión, presidida por el diputado Froilán Mamani (MAS-IPSP), los legisladores plantearon un conjunto de observaciones a la iniciativa legal, por lo que acordaron entrar en un cuarto intermedio hasta el lunes con el fin de que cada bancada realice propuestas puntuales.
“La comisión entrará en reunión cerrada para analizar este Proyecto de Ley CS-119/2023-2024 para coordinar con todos los miembros, y el día lunes vamos a tratar y aprobar este proyecto, tomando en cuenta que se va a llegar a un consenso, siendo que es una responsabilidad muy fuerte para elegir al fiscal”, indicó Mamani.
Diseñado por los senadores de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona y Nely Gallo, el proyecto fue aprobado entre el 3 y 5 de julio en la Cámara de Senadores y remitido a Diputados para su revisión.
Compuesta por 41 artículos y 3 disposiciones transitorias, la propuesta fija un plazo de 45 días para las 13 etapas de selección de los postulantes, 2 días para la convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la designación de la o el Fiscal General del Estado por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes y 10 días para la designación de la nueva autoridad que remplazará a Juan Lanchipa, quien concluye su mandato en octubre.
Las etapas de selección incluyen la publicación de la convocatoria (1 día); presentación de postulaciones (15 días); verificación de requisitos habilitantes comunes y específicos (3 días); publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (1 día); presentación de impugnaciones (2 días); resolución de impugnaciones (4 días); notificación de impugnaciones y publicación de la lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día).
Además, está la evaluación de méritos (4 días); presentación del recurso de revisión de méritos (2 días); resolución del recurso de revisión de méritos (4 días); notificación de recurso de revisión de méritos (1 día); exámenes orales y exposición de plan de trabajo (5 días); y aprobación de los informes de selección y remisión a la Asamblea Legislativa (2 días).
En la sesión de la Comisión de Justicia Plural, la diputada del MAS, Lidia Tupa, observó los plazos ajustados que podrían ser objeto de alguna impugnación; mientras que su colega del MAS, Estefanía Morales, cuestionó que la norma aprobada del Senado no cuente con informe del Órgano Ejecutivo, que la norma lo exige.
“Este proyecto de ley del Senado no tiene consulta al Órgano Ejecutivo, y de acuerdo al procedimiento tenemos que tener una respuesta del Ejecutivo para que sea viable”, justificó.
También cuestionó que no se ponga como una causal de inhabilitación la imputación por denuncia de violencia.
En tanto, la diputada del MAS, Miriam Martínez, observó que se otorgue una puntuación de 120 puntos a los documentos y experiencia de los postulantes y solo 80 puntos a la evaluación oral.
“Los postulantes que vayan a presentar sus especialidades o experiencias, sus cursos, estarían sumando sus 120 puntos y con sólo una pregunta, en el caso hipotético, que le pongamos 10 puntos, ya estarían adentro, porque el puntaje que se necesita es 130 puntos. Considero que no sólo la documentación debe valorarse, sino también los conocimientos”, argumentó.
