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lunes, 25 de noviembre de 2024
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Conozca quién es el relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, y por qué visita Bolivia

Sayán llegó a Bolivia el 14 de febrero. Desde hoy, realizará encuentros con autoridades del Estado y con diversas organizaciones hasta el 22 de febrero para abordar cuestiones relacionadas con la estructura, organización e independencia de la justicia en Bolivia.

El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, es un abogado y político de nacionalidad peruana y tiene 71 años de edad.

Antes de ser elegido como relator, fue Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos (2009-2013) y anteriormente su vicepresidente (2008-2009). Tiene una amplia experiencia trabajando para organizaciones multilaterales como la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Sayán llegó a Bolivia el 14 de febrero. Desde hoy, realizará encuentros con autoridades del Estado y con diversas organizaciones hasta el 22 de febrero para abordar cuestiones relacionadas con la estructura, organización e independencia de la justicia en Bolivia.

El relator llegó al país por una invitación del Gobierno nacional. Pocos Estados, como Bolivia, admiten la visita de un relator para evaluar la independencia de la justicia

Las autoridades de Estado indicaron que esta visita es una muestra de que el Gobierno tiene un respeto absoluto por la independencia de poderes y la transparencia de la administración del Estado ante el escrutinio público internacional.

Visita del relator

El relator hará una evaluación de las características del sistema judicial y una evaluación del plan de reforma judicial, examinando las medidas adoptadas para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y de los fiscales.

Se prevé que sostendrá reuniones con diversos sectores en La Paz, Sucre y Santa Cruz, con los cuales examinará la independencia e imparcialidad del Órgano Judicial y de los fiscales.

Según una nota de prensa de la ONU, también tendrá reuniones con jueces, fiscales, abogados, representantes de la sociedad civil, el mundo académico, los organismos de las Naciones Unidas, los donantes y la comunidad diplomática.

El relator especial abordará cuestiones relacionadas con la estructura, organización y funcionamiento independiente e imparcial de la judicatura; la administración de justicia; la protección de los agentes del sistema de justicia; el juicio imparcial; y la igualdad de acceso a la justicia y la asistencia letrada, desde una perspectiva de género. Para elaborar un informe al Consejo de Derechos Humanos con sus conclusiones y recomendaciones al respecto.

Esta evaluación también se centrará en las medidas adoptadas para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y de los fiscales.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseveró que el relator manifestó su voluntad propositiva constructiva de evaluar y de contribuir y de trabajar con el pueblo boliviano. Se prevé que el 22 de febrero se hará una conferencia de prensa y donde se presentará sus conclusiones preliminares; sin embargo, se espera que el informe final sea entregado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio del 2023.

Mandato del relator de la ONU

Según la resolución 8/6 del Consejo de Derechos Humanos, de junio de 2008, el mandato del relator es:

– Investigar toda denuncia sustancial que le sea transmitida y comunique sus conclusiones y recomendaciones al respecto.

– Identificar y registrar no sólo los atentados a la independencia de la judicatura, los abogados y los funcionarios judiciales sino también los progresos realizados en la protección y el fortalecimiento de su independencia, y hacer recomendaciones concretas que incluyan la prestación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica a petición del Estado interesado.

– Determinar las formas y medios de mejorar el sistema judicial y formule recomendaciones concretas al respecto.

– Estudiar, con el objeto de formular propuestas, las cuestiones de principio importantes y de actualidad con miras a proteger y fortalecer la independencia de la judicatura y de los abogados y los funcionarios judiciales.

– Aplicar una perspectiva de género en su labor.

– Cooperar estrechamente con los órganos, mandatos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas y con las organizaciones regionales, evitar a la vez la duplicación de esfuerzos.

– Informar periódicamente al Consejo de acuerdo con su programa de trabajo y anualmente a la Asamblea General.