En el valle de Zongo del departamento de La Paz, desde el año 2000 aproximadamente, un grupo de dirigentes indígenas de la comunidad Cahua Chico enfrentan a un empresario minero de la cooperativa 28 de Octubre en un conflicto por la defensa y el derecho a la tierra y el territorio, y a su libre autodeterminación como población indígena, luego de sufrir avasallamiento y despojo de sus tierras, contaminación y división de su organización por la explotación minera.
El conflicto ha llegado a estrados judiciales y a la justicia indígena, ésta última desconocida por el empresario minero Oscar Bellota. El caso también fue conocido por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien, el 9 de julio de 2021, abogó por los derechos de esta comunidad indígena, pero sobre todo de los dirigentes, quienes, en medio de la batalla judicial, han sido despojados de sus tierras y criminalizados por su rol de defender derechos.
Y es que justamente la criminalización, como forma de abrir un proceso judicial para impedir y amedrentar a una persona que exige y demanda el cumplimiento de sus derechos, llega a ser una de las maneras más recurrentes para frenar el accionar de, en este caso, dirigentes que se enfrentan a poderes políticos o económicos. Es el caso de Marcela Quisbert o Fernando Pérez, autoridades indígenas de Zongo. Éste último informó que él y otros 41 indígenas fueron denunciados por el empresario minero por avasallamiento, asociación delictuosa y otros delitos, luego de que determinaran, a través de la jurisdicción indígena originaria campesina de Zongo, expulsarlo de su territorio por provocar contaminación del río Zongo, tráfico de tierras, deforestación e incluso atropello a los derechos laborales de sus trabajadores.
Así como Quisbert o Pérez, otras personas defensoras de derechos se encuentran en una situación similar. De acuerdo con datos del Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, entre enero y noviembre de este año se han registrado 31 casos de vulneración en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos, de éstas, 16 se refieren a actos de criminalización; 10 a casos de no protección en situaciones de riesgo; dos agresiones, dos de amenazas y una obstaculización de actividades.
En los 16 casos de criminalización están involucradas nueve personas defensoras de la comunidad Cahua Chico de Zongo, que en septiembre de este año fueron detenidas por la Policía, luego de que vivieran un episodio de violencia, agresión y amenazas con armas de fuego de parte de trabajadores de la cooperativa 28 de Octubre, cuando se aprestaban a limpiar y recuperar su territorio.
Otro defensor criminalizado es Rosendo Merena, dirigente indígena del pueblo Tsimán, quien se considera un perseguido de la autoridad fiscalizadora de bosques, luego de haber sido encontrado culpable de un delito forestal que sólo existe en papeles y que fue deliberadamente escondido en una “maraña de ilegalidades e intereses” en contra de los pueblos indígenas de la Amazonía.
A ellos se suman las denuncias penales que enfrentan los guardaparques de las áreas protegidas. Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, guardianes del Parque Nacional Madidi, fueron denunciados por difamación y calumnias ante el Ministerio Público por Ramiro Cuevas Echave, secretario del Consejo de Vigilancia en la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz, luego de que fue descubierto ingresando maquinaria pesada al área protegida.
César Apaza, expresidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, es otra víctima de la criminalización. En su rol de defensor de su organización, actualmente se encuentra recluido en el penal de San Pedro y en diferentes momentos fue privado del derecho a la atención en salud, lo que puso en riesgo su vida. En junio de este año, la Fiscalía de La Paz repuso la imputación formal por agresiones y lesiones graves en contra de una policía, cuando Apaza fue violentamente detenido y posteriormente torturado por efectivos policiales, en septiembre de 2022.
A esto se suma que el 9 de septiembre pasado, el Ministerio Público decidió ampliar la investigación en contra de Apaza, por organización criminal dentro del proceso que investiga la quema y toma del mercado ilegal de coca, en 2022.
Este 10 de diciembre se conmemoraron los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, según las Naciones Unidas, se trata de un documento que “consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Para este 2023, las Naciones Unidas ha enfocado su trabajo en elevar la dignidad, libertad y justicia para todas las personas a través de este instrumento, que “ha servido de base para un sistema de protección de los derechos humanos en expansión que hoy se centra también en grupos vulnerables como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las personas migrantes”. “Debemos mantenernos firmes ante el aumento de la intolerancia y construir un futuro de dignidad, seguridad, justicia y derechos humanos para todos», declaró el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
