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sábado, 28 de septiembre de 2024
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Decreto 5143: Montaño asegura que opositores y “afines a Evo” buscan un golpe de Estado “con mentiras”

El DS 5143 fue promulgado el 10 de abril de 2024.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró este jueves que la “derecha tradicional” y legisladores afines a Evo Morales buscan consolidar un “golpe de Estado” con mentiras sobre el Decreto Supremo (DS) 5143, para el registro en Derechos Reales (DDRR).

“La nueva derecha, el ala evista, y los dinosaurios de la política, que siempre han vivido del pueblo boliviano desangrándolo, se han unido ahora para querer darnos un golpe de Estado y el pretexto absurdo que están utilizando es este decreto supremo 5143”, manifestó.

Asimismo, le pidió al senador “evista”, Leonardo Loza, que lea el decreto y “corrija y guíe a Evo para que no mienta con que, a través de esta normativa, se va a quitar bienes inmuebles”.

“Compañero Loza lea este decreto supremo, no es nomás ir a mirar la Liga de la Champions y decir ‘me están discriminado’. Ahora usted es ‘padre de la Patria’ y su obligación es leer. Pero, además de eso, ¿quién hace las leyes, senador Loza? ¿nosotros los ministros?, ¿acaso no es usted?”, dijo Montaño.

Además, según el Ministro, seguidores de Evo Morales, Carlos Mesa y Fernando Camacho, ahora se van a reunir junto con los comités cívicos para “efectuar un plan de golpe de Estado”.

“Hemos visto al Comité Cívico de Santa Cruz convocar en Potosí a todos estos actores para decir que el Decreto Supremo 5143 va a quitar casas, y va a quitar bienes inmuebles y hasta movilidades. A tanto llega la mentira que no han leído el decreto supremo”, agregó.

El DS 5143 fue promulgado el 10 de abril de 2024, cuenta con 91 artículos, pero solo 17 serían nuevos; y los otros 74 habrían sido “rescatados” del DS 27957 de 24 de diciembre de 2004, reglamento de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887.

Este nuevo decreto “no modifica ningún aspecto de la ley en vigencia”, sino que actualiza el reglamento promulgado hace 20 años y que necesitaba contar con componentes tecnológicos que permitan dar eficiencia, transparencia y seguridad a los registros en DDRR, aseveró por su parte la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia.