La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lamentó este viernes el paro médico decretado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) en medio de la pandemia por el COVID-19 y dijo que se trata de una medida de presión lesiva para los derechos fundamentales de la población al acceso a la atención médica.
“Un paro de salud definitivamente no es coherente, no es una acción de prevención ni de atención del COVID-19 (…) No terminamos de comprender cuál es la demanda de fondo, cuál es la demanda de los trabajadores de salud para poder llegar a una medida tan lesiva de los derechos fundamentales de la población”, dijo, en una entrevista con Bolivia Tv.
El Conasa resolvió convocar a un paro general de actividades a partir de esta jornada hasta el próximo 28 de febrero en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, que fue promulgada la noche del miércoles último.
En ese contexto, Cruz expresó su preocupación y alarma por la decisión de los galenos y dijo que la Defensoría del Pueblo comenzó un proceso de verificación en los hospitales para identificar a los médicos que lleguen a paralizar sus servicios y exigir las acciones correspondientes en su contra.
“Por otro lado, sí, estamos analizando la posibilidad de la interposición de una acción popular, nuevamente”, agregó.
La titular de la Defensoría del Pueblo recordó que está vigente la Sentencia Constitucional 326/2019, que menciona que el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales tienen la obligación de garantizar la continuidad de los servicios de todos los servicios médicos.
“Es decir, que en este momento, al encontrarnos ante un paro que se podría considerar en este caso desproporcionado y que no ha adoptado las instancias de diálogo y que no se cuenta con una demanda pública, clara y transparente hacia la población, pues es obligación de nosotros exigirle a estas instancias estatales que asuman las acciones que correspondan para asegurar los servicios a la población”, concluyó.
