La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exhortó este lunes a que las autoridades electas en los comicios subnacionales trabajen en la aprobación de políticas con enfoque de género con los presupuestos económicos necesarios para su aplicación efectiva.
“Queremos reconocer la lucha de las mujeres que fueron elegidas el 7 de marzo como autoridades regionales municipales o departamentales y las convocamos a ellas y a todas las autoridades a poder trabajar con políticas públicas con enfoque de género y presupuestos suficientes para que estas sean efectivas”, manifestó en un mensaje difundido por las redes sociales en el Día Internacional de la Mujer.
Un estudio de la Defensoría del Pueblo alerta sobre la austeridad presupuestaria que aplican los diferentes gobiernos autónomos sin una previa perspectiva de género ni de derechos humanos, que repercute en el debilitamiento e incertidumbre sobre recursos económicos en los centros de acogida y refugios temporales, así como en los diferentes servicios que atienden a víctimas de violencia, siendo el claro ejemplo de la falta de estrategias y políticas del Estado para contribuir y hacer frente a la violencia contra las mujeres.
Por otro lado, el texto menciona que la gestión tuvo una disminución leve de un 3.4% en el caso de feminicidios en comparación a la cifra contabilizada el año pasado, de 117 a 113.
Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia por el COVID-19 no ha desistido, lo que se refleja en los casos registrados por el Ministerio Público en relación a la Ley N° 348 que aumentaron en un 2,5%, de 37.240 en 2019 a 38.212 en 2020.
Los datos concuerdan con los reportes de organismos internacionales en materia de derechos humanos y del informe defensorial denominado “El deber de protección a las mujeres a través del funcionamiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia durante la pandemia del COVID-19”, que advierte que el confinamiento obligaba a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores y que ello generó que se incremente el riesgo de violencia contra ellas.
La pandemia del COVID-19 develó la aún existente inequidad de la distribución de los deberes del hogar –economía del cuidado– entre hombres y mujeres y que fueron insuficientes las políticas que implementó el Estado para prevenir y atender los casos de violencia contra las mujeres en razón de género.
A la ausencia de políticas públicas efectivas, se suma las condiciones de vulnerabilidad en la cual se encontraban determinadas poblaciones, entre ellas, las trabajadoras sexuales, que vieron restringido –en mayor grado– su derecho al trabajo, producto de las medidas de prevención no farmacológicas –distanciamiento físico y cuarentenas – que determinó el Estado.
Finalmente, el documento manifiesta que la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso para trabajar en la promoción, la protección y el ejercicio pleno de todos los derechos que tienen las mujeres en el Estado
En ese marco, anuncia que, en los siguientes días, se hará la presentación del informe defensorial “Sin nosotras no hay democracia. Cumplimiento de la Ley N° 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres”, como un aporte a la construcción y consolidación de una democracia participativa, representativa y equitativa.
