La Defensoría del Pueblo recomendó este lunes a la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz convocar a nuevos comicios para elegir a una nueva directiva, ya que se descartó el diálogo, con el objetivo de superar los conflictos que llevaron al enfrentamiento entre dos sectores.
“A fin de generar paz en el sector de los Yungas, a fin de velar por la unidad de los productores de hoja de coca y de convivencia pacífica dentro del pueblo yungueño, recomendamos a la señora (Irene) Flores que organice los comicios electorales, para generar una salida democrática, toda vez que el diálogo ha sido descartado por ambos sectores”, dijo en conferencia de prensa la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Agregó también que, para evitar mayores problemas, la elección de una nueva directiva debe ser organizada por un tercero imparcial, y no por las partes que en este momento se encuentran en conflicto.
Cruz aseguró que la Defensoría del Pueblo realizó un análisis jurídico de la Resolución Ministerial 068/2021, emitida por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y estableció que la misma es legal, al haber sido emitida bajo los parámetros y atribuciones de esa Cartera de Estado y según lo establecido en la normativa.
Según el documento, no se dispuso la creación de un nuevo mercado para la comercialización de la hoja de coca en el departamento de La Paz, sino su traslado o cambio de ubicación, solicitado por el directorio encabezado por Irene Flores, en el marco de la Resolución Constitucional 197/2020 emitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que reconoce a la directiva del 31 de julio de 2019 hasta el 31 de julio de 2021.
“La determinación contenida en esta resolución es de cumplimiento obligatorio e inmediato, por ello todos los actos o asambleas llevadas a cabo a partir del 14 de diciembre de 2020 quedaron sin efecto y únicamente el Tribunal Constitucional es la instancia de revisión que podría revocar esa resolución”, aseveró Cruz.
Por ello, también exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) apresurar su fallo sobre la problemática.
Cruz recordó que la institución a su cargo trató de generar varios intentos de acercamiento entre las partes en conflicto pero que, tanto el sector de Armin Lluta, como el de Irene Flores, coincidieron en la inviabilidad de sentarse en una mesa de diálogo de forma conjunta.
