Defensoría denuncia que Policía y FFAA obstaculizan investigación sobre masacre de Sacaba

“Hay muchas pruebas que no las han recogido en su momento porque no ha habido voluntad política, voluntad funcional en el Ministerio Público, entonces es un año de impunidad”, dijo Nadia Cruz.

0
402
Familiares de las víctimas de la "masacre" en Sacaba, a un año de los hechos, durante y un acto conmemorativo. Foto: Defensoría del Pueblo

A un año de la denominada masacre de Sacaba, que dejó 12 muertos, la Defensoría del Pueblo denunció que las investigaciones sobre este hecho no avanzan debido a trabas que colocan la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).

“Ha sido un año de impunidad, un año en que el Gobierno Transitorio después de dar las órdenes para que las Fuerzas Armadas y la Policía intervengan y masacren a los compañeros, para que los vayan a cazar como en su momento lo dijo el ex Comandante Departamental de la Policía, se han encargado de socapar y de ocultar información, de declararla como reservada para no aportar a la justicia y ocultar a quienes dispararon ese día en Huayllani”, manifestó Cruz en esa localidad, a donde viajó para acompañar a los familiares de las víctimas en un acto conmemorativo.

Lamentó que el caso se mantenga en etapa preliminar porque ambas instituciones ponen obstáculos para brindar información sobre los operativos, pese a que la investigación se amplió contra el general de Ejército, Alfredo Cuéllar, y contra el coronel Jaime Zurita, quien en ese entonces era Comandante Departamental de la Policía en Cochabamba”.

Familiares de las víctimas de la «masacre» en Sacaba, a un año de los hechos, durante y un acto conmemorativo. Foto: Defensoría del Pueblo

De acuerdo a un boletín de prensa de la Defensoría, Cruz observó que durante este año la Fiscalía General no hizo nada y a la Policía Boliviana, que era la encargada de dirigir la investigación, no le interesó esclarecer estos hechos. “Hay muchas pruebas que no las han recogido en su momento porque no ha habido voluntad política, voluntad funcional en el Ministerio Público, entonces es un año de impunidad”, remarcó. Según la autoridad, “ellos mismos se han encubierto”.

“La Defensoría del Pueblo exige al Ministerio Público y al Órgano Judicial a dar celeridad a las investigaciones para establecer responsabilidades y sanciones, para buscar memora, verdad y justicia para las víctimas y sus familiares y que estos asesinatos no queden impunes”, afirmó.

Cruz recordó además que en la Policía ni en las Fuerzas Armadas hubo bajas ni heridos de consideración, “por lo que hoy, con más claridad que hace un año, se puede volver a decir que lo ocurrido en Huayllani fue una masacre organizada desde el Gobierno transitorio y no un enfrentamiento”.

El 15 de noviembre de 2019 se registraron los enfrentamientos en Huayllani.

El saldo fue de 12 marchistas fallecidos durante el choque y días posteriores:

1             Omar Calle, de La Zona de Ibuelo San Luis.

2             César Sipe de la Central 12 de Agosto de la Federación Fuco.

3             Juan López de la comunidad 9 de Abril de la Central Eterazama.

4             Emilio Colque de los Yungas Chapare.

5             Lucas Sánchez de la Central Independiente, de la Federación del Trópico.

6             Plácido Rojas Delgadillo.

7             Armando Carvallo Escóbar.

8             Marcos Vargas Martínez.

9             Roberto Sejas de 28 años, quien resultó herido en la represión policial-militar, y que falleció al día siguiente.

10             Julio Pinto Mamani, herido durante los hechos del 15 de noviembre y que falleció el 11 de junio de 2020 a consecuencia de las heridas recibidas en aquella jornada.

11             Roger Gonzales herido en los hechos del 15 de noviembre, quien falleció días después.

12             Miguel Ángel Gonzales Ledezma, herido durante la intervención conjunta y fallecido en días posteriores al hecho.