De acuerdo con datos oficiales, durante 2023 un total de 2.931 personas ingresaron a los centros penitenciarios con detención preventiva por la comisión de hurtos, robos, robos agravados, abigeatos, “jukeos” (robo de minerales), entre otros. Sin embargo, el 82% de las personas aprehendidas obtuvieron su libertad.
“Los delincuentes entran y salen de las cárceles como si estuvieran de vacaciones, entendemos la impotencia que siente el pueblo (…). En 2023 se ha logrado la detención preventiva de 2.931 personas, pero 2.400 obtuvieron su libertad”, admitió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Según la autoridad, pese al trabajo coordinado entre la Policía Boliviana y la Fiscalía, los malhechores recobran su libertad porque las leyes “no están funcionando” y necesitan estar acorde a la realidad. Por ello presentaron el anteproyecto de ley “Lo ajeno no se toca”, que buscaría marcar “un antes y un después en materia de seguridad ciudadana”.
Asimismo, señaló que tan solo el 2,78% de las denuncias efectuadas ante la Policía Boliviana tuvieron sentencia condenatoria. Además, que estos lograron una sentencia de 2 a 3 años de prisión y también volverán a las calles “propiciando una impunidad para los delincuentes”.
El anteproyecto de ley entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) crearía un tipo penal denominado “apoderamiento flagrante de la cosa ajena”, mediante el cual la persona que ilegítimamente se apoderase de bienes mediante descuido, intimidación o violencia y fuera encontrado en flagrancia por efectivos policiales será pasible a la sanción de siete años sin derecho a indulto.
Y en caso de reincidir en la comisión del delito, se sumarían dos años a la pena impuesta.
En cambio, los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular que cometan algún ilícito contra la propiedad privada serán sancionados con ocho años de prisión.
“No permitiremos que estos delitos sigan siendo impunes”, sostuvo Del Castillo.
