El Viceministerio de Transparencia ha presentado una denuncia penal que destapa una compleja red de corrupción en la Gerencia Regional de la Aduana en Tarija, centrada en la compra irregular de un terreno y la construcción de un edificio con un sobreprecio estimado del 56%.
La denuncia, que apunta directamente a la exejecutiva de la Aduana, Karina Serrudo, revela no solo una gestión antieconómica, sino la existencia de una red que vinculaba a altas autoridades con empresas privadas mediante lazos de parentesco.
La investigación se remonta a 2017, pero cobra relevancia criminal bajo la gestión de Serrudo. Según el viceministro Yamil García, el terreno de 1.000 metros cuadrados fue adquirido a José Rivera Cisneros —hoy denunciado— pese a presentar una oferta más cara que sus competidores y no cumplir con requisitos técnicos básicos
El escándalo mayor reside en el costo de la infraestructura. La construcción fue adjudicada a la Asociación Accidental Guadalquivir, representada por Roye Rueda Pardo, por un monto de Bs 21.992.304.
Mientras que el costo promedio de construcción en Tarija ronda los Bs 3.500 por metro cuadrado, esta obra alcanzó los Bs 6.247, casi el doble del valor de mercado. Para el Gobierno, este «direccionamiento» del contrato constituye un daño económico directo al Estado que supera los 10 millones de bolivianos solo en la fase de ejecución.
El viceministro García fue enfático al señalar que, tras presentar la denuncia en Tarija, el flujo de información adicional ha sido «abrumador». La sistematización de estos datos sugiere que la Aduana operaba como un feudo donde los contratos se repartían entre círculos familiares y empresariales cercanos a la anterior gestión nacional.
“Consideramos que al interior de la Aduana operaba una red de corrupción que tiene que ser desmantelada. Ningún caso va a ser dejado de lado”, precisó García, confirmando que se han solicitado medidas cautelares para evitar que Serrudo y los otros involucrados abandonen el país.
Este destape ocurre en una semana en la que la lucha contra la corrupción se ha convertido en el eje narrativo de la gestión de Paz. Con Karina Serrudo en silencio y el Ministerio Público bajo presión para emitir imputaciones celeras, el caso de Tarija se perfila como la punta del iceberg de una auditoría nacional a los puntos de control aduanero, históricamente vistos como los nodos más oscuros de la administración pública.
