El presidente Rodrigo Paz Pereira oficializó hoy la restitución de las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) a su histórica representante, la activista Amparo Carvajal. El acto simbólico representa un triunfo para la institucionalidad y la libertad civil tras más de dos años de conflicto y ocupación.
En una emotiva ceremonia en el Palacio de Gobierno, el presidente Paz entregó las llaves de la sede a Carvajal, de 86 años y nacionalidad española, quien recibió el gesto en silla de ruedas.
Además, señaló que la devolución de la sede es un paso fundamental en la recuperación de los valores democráticos del país, haciendo un contraste directo con las administraciones anteriores.
“Solo son 12 días, 288 horas, versus más de 7.300 días de abusos, persecución y pérdida de derechos [en los gobiernos del MAS]. Hoy entramos en el décimo segundo día [de gobierno] y debemos valorar lo que estamos recuperando”, afirmó Paz.
El Mandatario resaltó que, a pesar de los avances en economía e institucionalidad, la libertad sigue siendo el eje fundamental que da sentido a su gestión. “La libertad que nos hace falta entenderla, defenderla y ahora más que nunca la estamos recuperando paso a paso”, sentenció.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, subrayó el valor simbólico del acto, reconociendo la trayectoria de Carvajal, quien fundó la institución hace más de 50 años y ha ayudado a «personas perseguidas en distintos regímenes».
La sede de la APDHB fue ocupada violentamente en junio de 2023 por un grupo de personas vinculadas al gobierno del MAS, lideradas por Édgar Salazar, impidiendo el ingreso de Carvajal y los voluntarios durante más de dos años.
La activista agradeció el gesto, pero recordó que la sede no es un bien personal. “Yo vuelvo a decirle que no me está entregando la casa de Amparo, que es la casa de ustedes. Todos debemos tener un único objetivo, la verdad y la justicia, que es lo que nos hace libres. ¡Que viva Bolivia!”, declaró Carvajal.
Finalmente, el Ejecutivo aclaró que no se inmiscuirá en las causas legales relacionadas con la toma de la sede, señalando que corresponde al Ministerio Público iniciar las denuncias y al Órgano Judicial definir responsabilidades.
