En audiencia cautela, la Justicia determinó el miércoles la detención preventiva de manera indefinida para el feminicida de Kamila, quien murió a causa de las 39 puñaladas que le asestó su victimario.
Además, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que harán “todos los esfuerzos posibles para que (el feminicida) reciba la sanción ejemplar de los 30 años de cárcel sin derecho indulto”.
Según el certificado de defunción, la joven murió por shock hipovolémico, trauma cervical torácico abdominal penetrante con un arma punzocortante, 39 orificios de ingreso, laceración pulmonar hepática y de riñón.
«El brutal asesinato de Kamila, una joven normalista del municipio de Caranavi, es un trágico hecho que nos consterna y deja una profunda herida en nuestra sociedad. Debemos actuar con firmeza y celeridad para sentar un precedente ante este tipo de crímenes atroces. Hemos instruido al Ministerio de Gobierno que, a través de la Policía Boliviana, acompañe el proceso hasta obtener la máxima sentencia contra Edwin M.C.H., el autor de este macabro feminicidio», manifestó el presidente Luis Arce a través de sus redes sociales.
Con el crimen de Kamila, la cifra de feminicidios llega a 73 en los que va de este año. Otro de los casos recientes se registró el 14 de octubre en la zona norte del municipio de Sacaba, Cochabamba. La víctima tenía 44 años. Y el autor del crimen fue José Rolando Gómez Calani, de 38 años.
De acuerdo con Del Castillo, Gómez Calani tenía antecedentes de violencia familiar desde la gestión 2017, pero no se emitió ninguna acción de protección contra la víctima.
“Una persona con 4 antecedentes por violencia intrafamiliar era evidente que era un potencial feminicida. Mientras sigamos teniendo autoridades en el Órgano Legislativo que pregonen que la Ley 348 está diseñada para perseguir a los hombres, lamentablemente este tipo de delincuentes seguirán libres y consumarán sus actos delincuenciales contra mujeres, que son las que pierden la vida”, cuestionó el Ministro.
En esa línea, insistió en la aprobación del proyecto de ley de uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia (manillas y tobilleras electrónicas) “para que estos potenciales feminicidas no puedan acercarse a aquellas mujeres que son víctimas de violencia”.
