La Cámara de Diputados sancionó la “Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia”, que autoriza de forma temporal la importación privada de combustibles para garantizar el suministro nacional ante la actual escasez.
La norma, remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación, establece un régimen excepcional de 90 días que permitirá a personas naturales o jurídicas importar e internar diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) bajo supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Según el texto legal, la ANH será la encargada de otorgar la Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) a través de una ventanilla digital única, con un plazo máximo de 48 horas hábiles para responder. Si no lo hace, se aplicará el principio de silencio positivo.
La norma exime del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Transferencia (IT) a las operaciones de importación realizadas bajo este régimen. Asimismo, las estaciones de servicio podrán adquirir combustibles directamente de importadores autorizados o importar hasta 19.900 litros por operación, previa autorización de la ANH.
Régimen de libre competencia y control
En caso de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no cubra el 100% de la demanda interna, las empresas privadas podrán importar combustibles y comercializarlos en un régimen de libre competencia y a precio diferenciado.
La ANH deberá implementar un sistema de monitoreo GPS en tiempo real y publicar diariamente la información sobre las importaciones para garantizar la transparencia. Las infracciones como acaparamiento, adulteración o especulación serán sancionadas con multas, suspensión de licencia y posibles denuncias penales, según lo dispuesto en el articulado de la ley.
Contexto y posiciones
La norma fue sancionada tras más de cinco horas de debate en el Legislativo. En la votación nominal, 49 diputados aprobaron la ley, 37 la rechazaron y hubo dos abstenciones. La propuesta fue impulsada por el Comité Cívico pro Santa Cruz, que la presentó al Senado mediante la senadora Centa Rek (Creemos).
Desde el oficialismo, algunos legisladores cuestionaron la medida al considerarla inconstitucional o contraria a la política de subsidio estatal, mientras que representantes cívicos calificaron su aprobación como “un hecho histórico” que permitirá aliviar la crisis de suministro.
La sanción de la ley ocurre en medio de largas filas en estaciones de servicio por la falta de diésel y gasolina, situación que afecta al transporte y al sector productivo, particularmente al agro cruceño, que denuncia dificultades para avanzar en la zafra de caña y en la campaña agrícola de verano.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, aseguró que el Gobierno prioriza la distribución de combustible para el sector agropecuario y que hasta noviembre se entregarán 35 millones de litros de diésel, de los cuales ya se distribuyó el 23%. Sin embargo, entidades como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) estiman que se requieren al menos 100 millones de litros para cubrir la demanda de la actual campaña agrícola.
(24-10-2025)
