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jueves, 21 de noviembre de 2024
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El Censo de Población y Vivienda costará $us 68 millones

Explicó que el financiamiento de $us 68 millones para el Censo 2022 está compuesto por $us 40 millones de Fonplata, $us 26,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $us 1,6 millones del TGN.

El Gobierno nacional aseguró este miércoles $us 68 millones de financiamiento para el Censo de Población y Vivienda 2022 mediante entidades externas y el Tesoro General de la Nación (TGN), según declaró la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza.

“Estamos hablando de un presupuesto para la gestión 2022 en adelante hasta concluir la etapa postcensal del orden de 67,4 millones de dólares. A esto hay que añadirle las auditorias que se van a llevar adelante, las evaluaciones y las comisiones de administración que son aproximadamente 600.000 dólares, por lo que estaríamos hablando de un costo total de 68 millones de dólares”, dijo en una rueda de prensa.

Explicó que el financiamiento de $us 68 millones para el Censo 2022 está compuesto por $us 40 millones de Fonplata, $us 26,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $us 1,6 millones del TGN.

“El 100 por ciento del financiamiento del Censo de Población y Vivienda va a ser asumido por el nivel central del Estado, puesto que estas operaciones de financiamiento externo son operaciones crediticias”, aclaró.

Señaló que las negociaciones para el financiamiento externo del Censo 2022, posteriormente serán llevadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para dar cumplimiento con el ordenamiento jurídico vigente.

También, la ministra indicó que recientemente se aprobó un Decreto Supremo que autoriza la contratación directa para la compra de vehículos para el Censo de Población y Vivienda en la gestión 2022.

“Estos vehículos van a ser contratados directamente en el extranjero, como ustedes conocen, hay una caída en la provisión de vehículos, en la provisión de insumos que son necesarios para la producción de vehículos”, sostuvo.

Remarcó que ante esa situación se autorizó el Decreto Supremo para la contratación directa con la correspondiente remisión por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) a la Contraloría General del Estado.