Un reportaje publicado recientemente en un medio de comunicación de La Paz, hace referencia al perjuicio que conlleva el juqueo en el país, donde la minería, que durante siglos fue el sustento económico, enfrenta un desafío. En 2023, el sector representó el 24 % de las exportaciones, superando al gas y la soya y un problema que ha crecido como maleza y que amenaza con sofocar la vitalidad es el robo de minerales, conocido como «juqueo».
El contenido señala que el año pasado, los «juqueadores» se llevaron un estimado a 52 millones de dólares, un hecho que denota tanto daño pero que parece pasar desapercibido. Se estima que se roban casi dos toneladas de minerales al año, principalmente estaño, cuyo alto precio lo convierte en un blanco atractivo.
Lo alarmante es que el «juqueo» se ha vuelto una práctica normalizada y tolerada en lugares como Potosí. Es un mecanismo regulador de la paz social, donde la empresa prefiere no intervenir para evitar conflictos con las comunidades locales.
La principal víctima de este ilícito es el Estado, ya que el estaño robado termina siendo vendido al propio Estado en la fundición de Vinto.
La problemática se agrava en minas de la COMIBOL, como Huanuni, Porco y Colquiri, donde los asalariados están en minoría frente a las cooperativas y no pueden defender su producción. En los últimos años, se ha observado una tendencia preocupante: el uso del cooperativismo para asaltar minas, incluso con el objetivo de quedarse con la mina completa. Casos como el de la mina Bolívar en 2018 y la toma de la empresa Mallku Khota en 2012 evidencian la violencia y la complejidad de esta problemática.
La falta de control efectivo y la convivencia forzada son consecuencias de una política que prefiere tolerar el «juqueo» para evitar enfrentamientos con cooperativistas, cuyas acciones han resultado en bloqueos y enfrentamientos mortales en el pasado. El poder de las cooperativas, exentas de obligaciones laborales, ambientales e impositivas, es evidente. En el Cerro Rico de Potosí, 10 mil cooperativistas trabajan sin restricciones. A pesar de la implementación de leyes en 2018 que castigan el «juqueo» con 10 años de prisión, la situación persiste, afectando la economía y dejando al Estado con pérdidas millonarias en impuestos.
