A días de la celebración de las Elecciones Generales de 2020, en Bolivia los comerciantes minoristas –un actor político urbano dueño de una gran capacidad de movilización su vasta base social base– sacaron a relucir sus diferencias políticas.
De un lado está la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales Artesanos, Comerciantes, Minoristas y Vivanderos de Bolivia, a la cabeza de Juan Carlos García, organización que nació en 2018 y fue reconocida tanto por el Ministerio de Trabajo de entonces como por la Central Obrera Boliviana.
En un ampliado virtual esta organización decidió apoyar al binomio del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo García, a quien sus detractores tildan de “masista”, porque tiene una propuesta seria para su sector y son una garantía de estabilidad económica
“Nosotros hemos decidido apoyar una estabilidad económica, apoyar que haya más bonos para nuestros niños, nuestras madres, nuestros ancianos, nuestros abuelos, y así lograr de que el país tenga mejores días. En ese entendido se ha decidido apoyar al binomio Luis Arce y David Choquehuanca, estamos seguros de que estos candidatos serán quienes garanticen una estabilidad para los hermanos gremiales del país”.
Del otro lado, se halla la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, dirigida desde hace 35 años por Francisco Figueroa, que en un ampliado realizado el 13 de septiembre resolvió dar “voto castigo” al MAS y a su candidato a la presidencia, a quien sindican de aplicar duras medidas impositivas contra este sector desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
El secretario de Relaciones de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Cesar Gonzáles, en una gira por Tarija, Sucre y Potosí, informó que un ampliado nacional del sector determinó dar “voto castigo” al MAS por sus medidas de corte impositivo.
“Vamos a dar tres ejemplos concretos que fue realizando este señor Catacora: las clausuras de tres días las han pasado a 48 días; el tema de la prescripción, de cuatro años que era en el Código Tributario de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el Gobierno ‘socialista’ del MAS, lo ha pasado a 10 años; y las deudas impositivas, que ahora son hereditarias hasta la cuarta generación”.
“Nosotros, como sector, nos mantenemos fuera de la política. Cada ciudadano puede estar con el partido político que quiera, no hay obligación ni color político dentro de la institución”, dijo Figueroa, consultado sobre la decisión divulgada por Gonzales.
García dice representar a 800.000 personas, y Figueroa, a más de dos millones. El primero asegura que la organización de Figueroa, hace poco más de seis años que no tiene vida orgánica, ya que no llamó a congreso, no actualizó sus estatutos ni renovó su directorio. A nombre de su confederación, el primero pidió al Tribunal Supremo Electoral, al Gobierno transitorio, “que puedan garantizar, transparentar y respetar el voto del pueblo boliviano”.
