Alrededor de ocho de cada 10 mujeres que desempeñan cargos de toma de decisión en Bolivia, fueron víctimas de violencia o acoso político, informó la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.
“Desde el 2019 hasta la fecha existen 404 denuncias por violencia y acoso político», indicó Sánchez. Estos datos son de los casos registrados en la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol).
En entrevista con la ABI, resaltó que en Bolivia se tiene un gran avance porque la Constitución Política del Estado (CPE) promueve la paridad y la alternancia. Además, se tienen normas para garantizar la participación política de las mujeres; sin embargo, lamentó que aún existan actos de violencia y acoso político contra estas autoridades.
La Ley Nº 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres cumplió 10 años de vigencia.Ésta establece mecanismos de prevención y atención a mujeres en situación de acoso y violencia política, y la sanción contra actos individuales o colectivos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
«Si bien hay una intencionalidad y voluntad política de fortalecer y promover la participación política de las mujeres en cargos electos y designados, existen unas barreras que son a causa de su forma de fiscalización», indicó.
Explicó que una investigación realizada por Oxfam en Bolivia y la Coordinadora, denominada “La paridad más allá de la paridad”, devela que más del 70% de las autoridades sufrió violencia o acoso político.
“Ocho de cada 10 mujeres que han sido electas o que han ocupado un cargo de decisión manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia en la política. Estos son datos que nos alarman y nos demuestran que hay que poner celeridad a la operativización de la Ley”, acotó.
Destacó que Bolivia se haya convertido en un referente a nivel regional por la promulgación de la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres; sin embargo, lamentó que aún persista la impunidad, porque a 10 años de la promulgación de dicha Ley, solo se tiene una sentencia.
De acuerdo con la Ley Nº 243 se define como violencia política a los “actos de agresión física, psicológica o sexual cometidos por una persona o grupo de personas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o contra sus familias, que afectan su integridad física y psicológica, el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos”.
En tanto, el acoso político puede ser cualquier “acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o contra sus familias”.
