Un colectivo de organizaciones femeninas de Bolivia exigió este jueves 25 mayor presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres, y denunció que desde principios de año se registra un promedio de una violación cada hora.
En lo que va del año, «tenemos registrados en Bolivia 99 feminicidios, más de 40.000 casos de violencia de los cuales 7.000 son delitos de violencia sexual contra niñas y adolescentes: 23 casos cada día, aproximadamente un caso por hora», dijo la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.
La activista hizo la declaración en una conferencia de prensa junto con representantes de más de una veintena de organizaciones no gubernamentales defensoras de las mujeres, poco antes de encabezar una marcha femenina por el centro de La Paz en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La declaración de Novillo acompañó a la presentación de un informe sobre el incumplimiento de los compromisos estatales de lucha contra la violencia hacia las mujeres, pese a que el país tiene una de las leyes más avanzadas de protección contra el machismo.
«Más de 20 instituciones y organizaciones de mujeres a nivel nacional estamos hoy movilizadas para exigir a las autoridades de todos los niveles del Estado la voluntad política para que puedan asumir como prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia las mujeres», dijo la jefa de la Coordinadora de la Mujer.
Advirtió que el incumplimiento de una ley de la década pasada que protege a las mujeres contra toda forma de violencia impedía el aumento incesante de las agresiones, que según un reciente informe de la Fiscalía eran este año casi un 30% más que en 2020.
«Ante esta situación dramática, este alto índice de violencia, lamentablemente los presupuestos no son suficientes, por eso exhortamos hoy a las autoridades de todos los niveles para que puedan asumir esta otra pandemia como es la violencia hacia las mujeres», dijo.
El informe presentado detalló que las gobernaciones de los nueve departamentos no asignaban los recursos mínimos mandados por ley para tareas de protección a las mujeres y que, peor aún, ni siquiera los presupuestos aprobados eran ejecutados completamente.
«La violencia contra las mujeres en Bolivia está en alza, así como el persistente clamor de las víctimas en busca de justicia, a pesar de esta normativa existente y de los esfuerzos que están desarrollando las instituciones», afirmó Novillo.
«Nos preguntamos cuántas más tienen que morir para que la violencia de género sea puesta como prioridad», añadió, advirtiendo que «ninguna iniciativa va a prosperar mientras no haya una voluntad política que traduzca compromisos en hechos reales: presupuestos y capacidad de ejecutar presupuestos».
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo por separado que «jueces y fiscales no pueden seguir haciendo oídos sordos frente a la violencia machista que cada día cobra vidas».
La violencia por razón de género contrastaba con otros avances de los derechos femeninos en Bolivia, como el haber logrado que sean mujeres poco más de la mitad de miembros del parlamento nacional y de las asambleas regionales y municipales.
