El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, sostuvo este miércoles que los excomandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas (FFAA) que estuvieron vinculados al traslado de material bélico, tanto de Ecuador como de Argentina, podrían recibir una sanción de 15 a 20 años de prisión por el delito de tráfico de armas.
“En consecuencia, tendría que aplicarse el artículo 141 del Código Penal que sanciona esta conducta de tráfico ilícito de armas, que está vinculada a una pena que fluctúa entre los 15 y los 20 años como máxima pena”, detalló.
A esa sanción, según el legislador, abogado de profesión, podría sumarse la agravante de que los sindicados cumplían funciones públicas en la Policía y FFAA, que ampliaría la misma a 30 años de reclusión.
“Tiene la agravante a efectos de que se pueda determinar la sanción con una pena de 30 años, la agravante está vinculada a que ese delito puede estar cometido por servidores públicos vinculados a las FFAA y Policía”, complementó.
Recordó que a partir de la promulgación de la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, ese tipo de conductas pueden ser sancionadas.
“Previo a determinar cualquier tipo de sanción, ustedes entenderán que debe hacerse la denuncia, entendemos que el ministerio del ramo, Gobierno y Defensa, harán formalmente la denuncia ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público tendrá no más que iniciar la correspondiente investigación”, complementó.
