En una aplicación estricta de la Ley 1352, las autoridades migratorias bolivianas impidieron ayer el paso hacia Argentina de la exministra de Culturas, Sabina Orellana. El incidente ocurrió en el paso fronterizo de Villazón, Potosí, cuando la exautoridad intentaba abandonar el territorio nacional, siendo interceptada por personal de Interpol tras activarse las alertas del sistema de control migratorio.
El hecho subraya la vigencia del «periodo de permanencia obligatoria» que el actual marco legal impone a quienes ostentaron altos cargos en el Ejecutivo, una medida que el gobierno de Rodrigo Paz ha ratificado como prioritaria para garantizar la transparencia en los procesos de transición.
A diferencia de un arraigo judicial derivado de un delito específico, la restricción aplicada a Orellana responde a una normativa de carácter preventivo. La Ley 1352 establece que los exfuncionarios de jerarquía (Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros) tienen prohibido dejar el país durante los 90 días posteriores a la cesación de sus funciones.
La exministra no fue aprehendida ni sobre ella pesaba una orden de captura; simplemente se le notificó la imposibilidad técnica de cruzar la frontera y se le «recomendó» retornar a su domicilio.
En tanto, el director de Interpol en Bolivia, Pompeo Sánchez, confirmó que los sistemas de vigilancia en los puntos fronterizos han sido reforzados para evitar «fugas administrativas». «En cumplimiento de la norma, las exautoridades no pueden salir del país. Recibió la recomendación de que no podía salir y se procedió conforme a ley», declaró Sánchez en conferencia de prensa este lunes.
Este episodio ocurre en un clima de alta susceptibilidad política, donde varios miembros del gabinete del expresidente Luis Arce enfrentan procesos por presunta conducta antieconómica. La intercepción de Orellana envía un mensaje claro al resto de las exautoridades que aún se encuentran dentro del periodo de los tres meses de restricción: los pasos fronterizos están blindados.
Aunque no se han revelado los motivos del viaje de Orellana hacia Argentina, el incidente alimenta la narrativa de la «tensión de salida» que viven exautoridades del MAS-IPSP.
