El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe Mamani, informó este martes que el Ministerio Público admitió las cuatro proposiciones acusatorias presentadas por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y otros colaboradores de su gestión.
Las proposiciones fueron remitidas al Tribunal Supremo de Justicia mediante proveído a la sala penal correspondiente.
“En primera instancia, se analizó el contenido de las proposiciones acusatorias y luego de verificar la existencia de la identidad penal, fueron remitidas a control jurisdiccional el 17 de marzo del año en curso. En esta etapa preliminar tenemos 30 días para desarrollar actos investigativos correspondientes para luego emitir el requerimiento conclusivo y remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme establece la Ley N° 044”, indicó Quispe, citado en un boletín institucional.
Explicó que los delitos denunciados son: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación, entre otros.
Según Quispe, la primera proposición acusatoria es por la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327,7 millones, el cual no habría tenido la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El segundo caso tiene que ver con el Decreto Supremo 4200, que habría vulnerado la libertad de expresión durante la pandemia del COVID-19. Aparentemente, la norma criminalizaba las acciones de “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población”, para someterlos a cargos penales por delitos contra la salud pública.
La tercera proposición acusatoria está relacionada con la concesión irregular del Servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, para el registro mercantil por 15 años.
Finalmente, Quispe informó que la cuarta proposición acusatoria “refiere que Jeanine Áñez, en su condición de presidenta transitoria, habría emitido órdenes inconstitucionales y anticonvencionales para que policías, militares y personal de la Dirección de Migración del Estado Plurinacional de Bolivia no permitan el paso de compatriotas de Chile a Bolivia durante la pandemia por el COVID-19”.
