Este lunes, el Ministerio Publico emitió una resolución formal de imputación en contra del exalcalde paceño Luis Revilla por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; por el presunto sobreprecio en la adquisición de 61 buses Pumakatari en la gestión 2012 – 2013.
“En la investigación se encontraron suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría en contra del exalcalde como la licitación pública internacional para la adquisición de los buses en agosto de 2012, la minuta de contrato entre la exautoridad y el representante legal de Fabro Motors S.R.L, dos minutas de contrato modificatorio de 2012, entre otros indicios que hacen presumir que hubo un sobreprecio en el proceso de adquisición”, explicó Wiliam Alave, fiscal departamental de La Paz.
Por su parte, el fiscal anticorrupción, Thomas Choque, aseguró que el hecho se registró durante las gestiones 2012 y 2013, cuando el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz lanzó una licitación internacional para la adquisición de 61 buses para el transporte municipal, con un monto de Bs 70.052.400, según un reporte de prensa.
Luego de realizados los trámites se adjudicó la compra de los Pumakatari a la empresa Fabro Motors S.R.L., por Bs 65.000.000.
Durante la investigación se determinó que la empresa no tendría la experiencia mínima para la importación de ese tipo de vehículos a diferencia de otras firmas importadoras, por lo que se presume que la Comisión Calificadora benefició a la misma, dijo.
“Entre los elementos de investigación colectados se encuentran una de las pólizas de los buses que establece que cada Pumakatari tendría un costo real de 60.480 dólares, pero el municipio de La Paz habría pagado 153.099 dólares, con un presunto sobreprecio de 92.619 dólares por cada bus adquirido a la empresa Fabro Motors S.R.L., por ello se establece un aparente sobreprecio total de cerca de 26.722.157 bolivianos, que habría causado un daño económico al Estado”, explicó Choque.
Agregó que la exautoridad no prestó su declaración informativa dentro del proceso y después de los actos investigativos para dar con su paradero no fue habido en su domicilio y se desconoce su paradero, ante ello se procedió a las notificaciones por ciudadanía digital y edictos establecidos por Ley.
“Dentro de la imputación estamos solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro”, agregó.
