De forma sorpresiva, la Fiscalía libró las órdenes de arraigo para impedir la salida del país de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, en el marco del proceso referido a la compra con presunta irregularidad de material antidisturbios, entre ellos gases lacrimógenos.
El armamento no letal fue adquirido en el marco de la convulsión social de noviembre de 2019 que derivó de la renuncia de Evo Morales tras el conflicto poselectoral.
Según la Fiscalía, la compra tuvo sobreprecio en comparación con un material similar adquirido por el Gobierno de Venezuela. Los señalados han reivindicado en reiteradas ocasiones que no hay ninguna irregularidad.
“Bolivia pagó Bs 14.800.000 más que Venezuela en la compra de estos agentes químicos a la misma empresa brasileña”, reseña.
Por este motivo, López y Murillo son sindicados por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas por particulares, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
