La Fiscalía solicitará en el juicio oral contra los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, por la internación de agentes químicos desde Ecuador durante la crisis de noviembre de 2019, informó este miércoles el fiscal Departamental de La Paz, William Alave.
Las tres exautoridades del gobierno de Jeanine Áñez fueron declarados en rebeldía y acusados en grado de autoría, por el delito de tráfico de armas e incumplimiento de deberes, por la internación ilícita de agentes químicos en calidad de préstamo desde Ecuador.
La Fiscalía emitió la acusación formal con 115 pruebas documentales y 48 testificales, entre ellas “el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, donde figura un militar y un policía boliviano, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, entre otros que serán presentados ante el juez durante el juicio”, explicó Alave.
Según las investigaciones, se enviaron desde Ecuador más de 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros (mm), más de 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm, 500 granadas de sonido y destello para exteriores. Material que fue distribuido entre las Fuerzas Armadas y la Policía.
Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Bladimir Bolívar, aseguró que en la acusación se llegó a determinar la participación de militares y policías en la internación ilícita de agentes químicos, como granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance, en calidad de préstamo.
“Esta solicitud está fundamentada de acuerdo al artículo 141 Quater del Código Penal, en el inciso V., que indica que la pena será 30 años de presidio, sin derecho a indulto, si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar o policial. En este caso hubo participación de ambos, militar y policial”, explicó.
