El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se presentó ante la autoridad jurisdiccional la acusación formal contra los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Fernando López por el caso gases lacrimógenos.
“Se presente ante la autoridad jurisdiccional la acusación formal en contra de nueve personas implicadas en el proceso de contratación irregular de adquisición de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana, a través del Ministerio de Defensa efectuado a finales de la gestión 2019”, declaró Lanchipa en conferencia de prensa.
Junto a Murillo y López están otros siete implicados que son: el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora (declarados en rebeldía); el exdirector de Asuntos Jurídicos del ministerio de Defensa, Raúl López; el exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico del ministerio de Defensa, Alex Camacho; el exdirector de Logística; Pedro Rea, la exdirectora general de Asunto Administrativos, Ruth Palomeque; el exresponsable de artículos clase cinco del ministerio de Defensa, Denis Vera y el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions, Bryan Samuel Berman, declarado también en rebeldía.
Los nueve imputados son acusados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado entre otros.
“Por todos estos delitos, la Fiscalía está solicitando una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados (…) Hecho que causó un daño económico al Estado por más de 16 millones de bolivianos”, aclaró la autoridad.
El Ministerio Público aseguró que la acusación formal está debidamente sustentada y con base a 37 pruebas testificales en 179 pruebas documentales que fueron secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los ministerios de Gobierno y Defensa.
Explicó que ahora se está a la espera que la autoridad jurisdiccional señale el inicio de juicio y que la declaratoria de rebeldía de alguno de los acosados no impida el desarrollo del mismo. Asimismo, se aclaró que para objeto de la reparación de los daños se solicitó todas las medidas cautelares sobre los bienes de los acusados.
Indicó que se está pidiendo la pena máxima para todos los imputados y que la sanción es de 10 años de privación de libertad; sin embargo, la justicia tomará en cuenta también los agravantes.
